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¿Quiénes son y a qué se dedican los seis empresarios que más plata ganaron con la administración Macri?

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En medio de la discusión por el proyecto de reforma previsional PRO que llevará los aumentos de los jubilados en marzo de $44 por día a $13, se conoció qué empresarios y compañías se vieron más beneficiados por la economía de Cambiemos. Las ayudas de los tarifazos, los amigos de la obra pública y los medios adictos.

Justo cuando se discute en el Congreso la propuesta del Gobierno de un brutal ajuste a los háberes de los jubilados a través de un modificación de la fórmula para calcular sus aumentos, LN+ dio a conocer quiénes son, a qué se dedican y cuánto ganaron los empresarios que más se beneficiaron desde que Macri llegó a la Casa Rosada. No sólo son muy significativos los nombres y sus negocios, sino también los elevados márgenes de ganancias que obtuvieron y cómo se vieron favorecidos por decisiones del Ejecutivo.

El más beneficiado es Sergio Faifman, director general de la cementera Loma Negra, propiedad de la brasileña Camargo Correa, que aumentó en un 329% sus ganancias en los primeros 9 meses de este año por el "boom de obra pública" implementado por Cambiemos en año electoral.

Lo sigue Eduardo Constantini, que es el presidente de Consultatio -la creadora de Nordelta- que aumentó en un 300% sus ganancias, otro hombre con excelente sintonía con el macrismo: hace menos de un mes le dio un enorme espaldarazo al "reformismo permanente" del Presidente al expresar que “todas las reformas que reduzcan los costos, son sin dudas lo apropiado para realizar” y, además, pagó US$20 millones por un codiciado terreno estatal en Monserrat.

Luego, en tercer y cuarto lugar, se posicionan los ganadores directos de los tarifazos con sello de Cambiemos: el podio lo completa Miguel Gutiérrez, titular de YPF, empresa que ganó un 261% más este año, todo a fuerza los incesantes aumentos de combustibles y de gas. 

El cuarto lugar lo ocupa Marcelo Mindlin, el dueño de Edenor, cuyas ganancias aumentaron en un 135%, todo también después de los incrementos en la luz, también decididos desde la cartera de Energía de Juan José Aranguren.

El siguiente lugar, el quinto, lo ocupa nada más y nada menos que Nicolás Caputo, el amigo íntimo de Macri que además es cónsul general de Singapur, que, pese de no ser el empresario de la construcción que más contratos tiene con el Estado -y aunque también se quedó con licitaciones de generación eléctrica-, ganó un 114% durante este año.


¿De quién es el sexto puesto? Nada más y nada menos que Héctor Magnetto, empresario del grupo multimedial más grande del país, que ganó un 33% con Cablevisión, cifra que es notablemente superior a la inflación del 17%.

Cabe agregar que después de la fusión de Telecom y Cablevision Holding SA, Alejandro Urricelqui, Director Corporativo de Finanzas del Grupo Clarín anunció que la medida dejará una compañía cuyo valor de mercado es de aproximadamente US$ 14.200 millones.

FUENTE: POLITICA ARGENTINA

Dos firmas de la familia Macri contrataron al testaferro de Jaime.

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Obra. Los pagos de Iecsa y su socia Comsa coinciden con el primer decreto del soterramiento. Sideco también hizo pagos a Vázquez en la gestión de Franco, pero niegan nexos con el Sarmiento.


Iecsa y Sideco Americana pagaron facturas de la consultora de Manuel Vázquez entre 2005 y 2009. Creen que serían coimas. A Calcaterra, primo del Presidente, pidieron embargarlo por $ 54 millones.

Entre diciembre de 2005 y al menos enero de 2009, la constructora Iecsa y la compañía Sideco Americana, ambas de la familia Macri, realizaron pagos a la consultora de Manuel Vázquez, asesor y testaferro del entonces secretario de Transporte, Ricardo Jaime. Para la Justicia esa empresa fue utilizada para canalizar sobornos. 

Retirado de la construcción y dedicado a sus negocios en el campo, Angelo Calcaterra –primo del presidente Mauricio Macri– volvió a quedar en el ojo de la tormenta luego de que el fiscal federal Franco Picardi pidiera su embargo por $ 54,3 millones por su supuesta participación en el pago de sobornos a funcionarios para obtener junto con la brasileña Odebrecht la licitación del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, una obra valuada en US$ 3 mil millones.

La constructora de los Macri –que estuvo al mando de Franco Macri hasta 2007 y luego fue vendida a su sobrino Calcaterra– facturó unos $ 600 mil a la consultora de Vázquez.

La española Comsa, socia de Iecsa, Odebrecht y la italiana Ghella en la obra del soterramiento, también realizó pagos sospechosos a la consultora de Vázquez. Entre enero de 2006 y noviembre de 2010, Vázquez le facturó $ 263.097.

La empresa que habría servido de pantalla para canalizar parte de las coimas destinadas a Jaime es Controles y Auditorías Especiales de Argentina SA (Caesa), supuestamente dedicada a servicios de contabilidad, auditoría y asesoría fiscal. Todos los clientes de la consultora eran contratistas del Estado, justamente en el área de Jaime.

El fiscal Picardi estableció que en al menos cinco expedientes judiciales, la empresa de Vázquez se usó como pantalla para blanquear sobornos. Fue sólo una de las formas utilizadas por el asesor de Jaime para canalizar coimas como pagos hormiga, divididos en pequeños montos. Sería sólo una pequeña parte de los pagos al funcionario.

Una de las causas data de 2012 y es por delitos tributarios contra la consultora de Vázquez. Allí, la AFIP informó qué empresas figuraban como clientes de Caesa entre diciembre de 2005 y enero de 2009: Iecsa SA; Sideco Americana SA; América Latina Logística Central SA; Emepa SA; y Comsa de Argentina SA.

La primera factura de la consultora de Vázquez a Iecsa se emitió el 13 de diciembre de 2005 por $ 10 mil. “Servicios de consultoría”, detalló Caesa en la descripción. Lleva el sello de “pagado”. Es la factura 184. Dos semanas después, el Ejecutivo firmó el decreto 1.683/2005 aprobando el programa de obras que incluía la realización del soterramiento.

El pago se repitió treinta veces, admitieron fuentes de Iecsa a PERFIL. Cerca de Calcaterra aseguraron: “Fueron treinta facturas de $ 10 mil cada una –unos US$ 2 mil de ese momento– y se hicieron por asesoramiento de Vázquez en Brasil para los negocios de Socma en ese país. Vázquez había sido director de Bunge y no sabíamos que trabajaba para Jaime. Nos enteramos por los medios. En total, facturó $ 300 mil a Iecsa”. Para el fiscal del caso son $ 600 mil.

En el caso de Sideco Americana, del Grupo Socma, un allegado a la compañía dijo que “la relación con el kirchnerismo, y en particular con Jaime, era muy mala y les costó muchos negocios. Sideco no tuvo relación con el soterramiento”. No recordaba pagos a Caesa.

Mientras Iecsa realizaba esos pagos, su socia española, Comsa SA, también comenzó a contratar a Caesa, la consultora de Vázquez unas semanas después. La primera factura está fechada el 26 de enero de 2006 por el total de $ 36.300. Comsa y Caesa incluso firmaron un contrato.

Caesa tenía sólo dos empleados: el hijo de Vázquez, Julián; y una secretaria. La consultora, además, contrataba a un supuesto asesor: Enrique José Vázquez, “especialista en frigoríficos”, según declaró él mismo ante la Justicia, para sus asesorías a constructoras y empresas de transporte. El hombre figuraba como presidente de otra empresa, Lardy SA, una firma trucha que servía para que la consultora simulara pagos y pudiera sacar el dinero abonado por las empresas como Iecsa, Sideco y Comsa y se hiciera del efectivo. ¿Cómo lo hacían? Enrique Vázquez lo explicó a la Justicia. Caesa le pagaba con cheques. Cuando los cheques se hacían cash en distintas financieras, el experto en frigoríficos se quedaba sólo con el 30 % del valor. El resto volvía a Manuel Vázquez. “Así, justificaban la salida de dinero”, describió Picardi.

Con Iecsa y Comsa SA, ya son tres las empresas del Consorcio Nuevo Sarmiento que realizaron pagos por “consultoría” al testaferro de Jaime. El primer “abono” que salió a la luz en este caso es de Odebrecht, que pagó al menos US$ 80 mil.

FUENTE: PERFIL

Colegio Público de Abogados CABA, guarida oscura cómplice de Macri.

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Este es uno de los sectores del Poder Judicial que sostiene y diseña legislación a favor del gobierno de Macri. El Colegio de abogados de la Calle Montevideo es el epicentro de operaciones judiciales gestadas por lo más rancio del poder leguleyo. Macri tejió una alianza con los abogados del establishment que le sirve como punta de lanza de sus batallas más sucias bajo el sello de la ONG Será Justicia. Del caso Nisman a Gils Carbó, una recorrida por los estudios más prósperos y sus actividades más repudibales.


Macri tiene aliados o cómplices de peso. Se trata de los abogados de la city, los miembros de los estudios más poderosos del país. Los que tejen acuerdos, fusionan empresas, redactan leyes, colocan deuda. Se nuclean en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (CACBA), más conocido como el Colegio de la calle Montevideo. Abogados del establishment, ex funcionarios, escribas jurídicos de las dictaduras y potentes operadores judiciales pueblan su listado de socios. Desde la asociación Será Justicia, un sello creado por el propio Colegio de la calle Montevideo, juegan en tandem con Macri para distintas operaciones judiciales. Es una alianza de beneficio mutuo. El Gobierno pisa seguro en las arenas judiciales, deja el trabajo sucio en manos de asociaciones de falsa independencia y mientras los estudios de la city cosechan buenos negocios. Las últimas (y efectivas) operaciones judiciales, incluidas la presión sobre la Procuradora Alejandra Gils Carbó y las tensiones con el juez Ariel Lijo para que encarcele irregularmente al ex vicepresidente Amado Boudou, reflejan esta alianza de Macri con lo más opaco de un mundo de traje y corbata al servicio de las elites.

La calle Montevideo

Los abogados del establishment no siempre estuvieron en la sede de la calle Montevideo 640. En su historia oficial cuentan que lo fundaron en 1913, que alquilaron un espacio en Tucumán y Florida, que “se habilitó una biblioteca y cinco salas que funcionaban como centro de reunión de las más destacadas personalidades del mundo jurídico, tradición que continúa en la actualidad”. Lo fundaron 132 abogados, entre ellos Jorge Argerich, Pedro Agote, Horacio Beccar Varela, Carlos Coll, Miguel Cané, Carlos Delcasse, Juan José Diaz Arana, Vicente Gallo, Carlos Ibarguren, Tomás Le Bretón, Osvaldo Magnasco, Federico Pinedo, Miguel Padilla, Alfredo Palacios, José María Rosa y Estanislao Zeballos.

En su página web relatan que en 1916 la Corte Suprema les ofreció un espacio dentro del Palacio de Tribunales. “Durante treinta y cuatro años permaneció allí hasta que, tras ser expulsado por razones políticas del Palacio de Tribunales, se trasladó a su actual sede, gracias al generoso aporte de un grupo de socios, en la calle Montevideo 640, situada en una zona de privilegio en pleno centro de la ciudad”. Esos 34 años dan 1950, pleno gobierno de Juan Perón.

No se trata del Colegio Público de Abogados, con sede en avenida Corrientes 1441, que cuenta con más de 130.000 inscriptos. El Colegio de la calle Montevideo reúne a le élite, a los lobbistas, a los trajes más caros y a los cuervos (como se los llama en la jerga) más reaccionarios. Son apenas 1.508 socios, 7 de ellos honorarios y 97 vitalicios, pero cuyos apellidos representan lo más selecto del poder jurídico.

La revista Apertura realiza un ranking de los “mejores estudios de la city porteña”. La pole position la disputan siempre los mismos buffetes: Marval, O´Farrell & Mairal; Brouchou, Fernández Madero & Lombardi; Perez Alati, Grondona, Benites, Arnsten & Martinez de Hoz (hijo); Beccar Varela; Allende & Brea; Cassagne; M&M Bomchil, entre otros. La gran mayoría de sus socios (casi todos hombres) integran las filas el Colegio de la calle Montevideo.

En el paradigma de un Gobierno de CEO´s los estudios de la city porteña son un aliado constante. Los CEO´s son sus (ex) clientes. Porque lo de ex se diluye al tomar magnitud de su influencia en las decisiones y operaciones de Gobierno.

Las operaciones

Hay casos clave para comprender el nexo entre el Colegio de la calle Montevideo y el macrismo, tanto en Gobierno como en los meses finales del kirchnerismo.

El Colegio tiene un brazo operativo que es la agrupación Será Justicia. Son uno y lo mismo. Fundada en 2012 en la sede de la calle Montevideo, fue el ariete del antikirchnerismo judicial y la usina de movilizaciones en defensa del eterno supremo Carlos Fayt, del fiscal porteño José María Campagnoli, en contra de las truncas leyes de reforma judicial del 2013 y de las marchas por un esclarecimiento digitado de la muerte del fiscal Natalio Alberto Nisman. Su primer presidente fue Guillermo Lipera, socio del Estudio Bulló, que es actual titular del Colegio de abogados del establishment. El presidente de Será Justicia es Máximo Fonrouge, del estudio Cassagne, es el ex presidente del Colegio. El enroque perfecto.

Sobre el caso Nisman, en 2015 el Colegio se sumó a la presentación judicial de las entonces senadora Gabriela Michetti y diputada Patricia Bullrich para que Gils Carbó no nombrara fiscales a cargo de la UFI AMIA, oficina que manejó el fallecido fiscal y que tenía como única tarea el aporte de datos para el esclarecimiento del atentado. Volverían a operar sobre lo mismo.

El tridente Gobierno-Colegio-Será Justicia coordinó algunas de las principales operaciones judiciales ordenadas por Macri. Uno es la operación Gils Carbó. La otra, la operación Lijo-Boudou.

Tal como informó Nuestras Voces, este tridente fue el responsable de una de las causas judiciales que empujaron la renuncia de Gils Carbó. La coordinación fue evidente. El Colegio y Será Justicia hicieron denuncias gemelas para poder elegir al juez más conveniente, en las cuales plantearon la inconstitucionalidad del requisito del juicio político para remover a Gils Carbó. El Gobierno, en lugar de defender la legalidad de las leyes, sostuvo que tenían razón. El juez Pablo Cayssials, falló en sintonía con ambos. El mismo juez que anuló la adecuación de oficio del Grupo Clarín a la ley antimonopólica y que tiene en sus manos la demanda de la familia Macri contra el Estado por la estatización de Correo Argentino donde reclaman 2.365 millones de pesos.

Otra maniobra del tridente fue directamente para presionar jueces. El 22 de junio de 2016 el Colegio hizo una presentación ante el Consejo de la Magistratura para que se realizara una auditoría de todas las causas contra funcionarios públicos de los tres poderes desde 1996 hasta la actualidad. El Consejo de la Magistratura, bajo control macrista, aceptó hacerla con todos los requisitos que le marcó el Colegio del establishment. La auditoría siempre corre para funcionarios, nunca para empresarios corruptores.

El 31 de octubre, Clarín informó que a partir de los datos preliminares de esta denuncia fueron denunciador antes el Consejo los jueces federales Daniel Rafecas y Ariel Lijo. Consultados por Nuestras Voces, varios consejeros que no revistan las filas oficialistas afirmaron que nunca vieron las conclusiones de esa auditoría. El diario La Nación, cuyo accionista Julio Saguier es el socio 4081 del Colegio de la calle Montevideo, sí tuvo acceso.

Rafecas está en la mira del Gobierno y de Clarín hace rato, y no es la primera operación político-mediática que enfrenta. En el Gobierno consideran que no pueden manejarlo; en Clarin no le perdonan que escribiera que el robo de Papel Prensa fue un delito de lesa humanidad.

El caso de Lijo tiene otras complejidades. Es uno de los jefes políticos de los jueces federales, con quienes la novel Asociación de Jueces Federales (AJUFE). Tiene gran influencia en el día a día de Comodoro Py y buen vínculo con el presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti. Lijo colocó a uno de sus ex secretarios, Juan Tomás Rodriguez Ponte, al frente de la oficina de escuchas bajo el ala de Lorenzetti. Y un detalle no menor: Lijo tiene en sus manos la denuncia penal contra Macri, Oscar Aguad, los directivos de las empresas Macri y sus cómplices judiciales por el intento de condonación de la deuda de Correo Argentino.

Con todo, al Gobierno no le tembló el pulso. Sus aliados del Colegio denunciaron a Lijo por cajonear causas de corrupción. Lijo entendió el mensaje, y a los dos días ordenó la detención del ex vicepresidente Amado Boudou. Una detención fuera de toda norma, basada en un fallo de la Cámara Federal orquestado por el juez Martín Irurzun (otro ladero de Lorenzetti) escrito a medida para que continue el show mediático de detenciones de ex funcionarios K. Otra misión cumplida del Colegio y el Gobierno.

Puerta giratoria

Así como el Colegio de la calle Montenvideo y Será Justicia son lo mismo, muchos de sus miembros se sumaron a las filas del Gobierno de Macri.

El caso más paradigmático es el de Maria Eugenia Talerico, socia 5535 del Colegio y fundadora de Será Justicia donde ejerció como protesorera. Macri nombró a Talerico como vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), pese a los cuestionamientos de diversas instituciones anti lavado. Esta abogada, egresada de la Universidad de Belgrano, forma parte desde 2008 de la División Jurídica y del Comité Organizador del Encuentro Anual de Abogados de Empresa del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA). Pero su mayor incompatibilidad para el cargo es que fue abogada patrocinante del oficial de cumplimiento anti lavado una de las empresas con más causas e investigaciones por lavado de dinero: el HSBC. En su defensa, Talerico criticó el articulo 21 y planteó la inconstitucionalidad del artículo 24 de la ley 25.246. El 21 establece que los bancos deben informar las operaciones sospechosas a la UIF. El 24 detalla las sanciones penales. En síntesis, la nueva vicepresidenta de la UIF descalificó la función propia del organismo.

Otro caso destacado es Ricardo Gil Lavedra, socio 5698, ladero del ministro de Justicia Germán Garavano y abogado de varios de los funcionarios macristas denunciados por corrupción, como el caso de la vicepresidenta Gabriela Michetti.

Horacio Tomás Liendo hijo, socio 4534, es el homónimo de su abuelo y su padre. El primero fue Ministro de Trabajo de la última Dictadura, el segundo parte del equipo de Domingo Cavallo. El continuador de la dinastía fue designado como director en el Banco Central. Lucas Cinto Corteaux, socio 5293, fue designado primero en el Ministerio de Hacienda y ahora oficia de subprocurador del Tesoro de facto.

El socio 4179 es Hector María Huici, ex legislador PRO que Macri puso al frente de la Secretaria de de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Los abogados Julio César Rivera y Beltrán Louge, socios del estudio Rivera & Asociados, también revistan las filas del CACBA. Tienen a su cargo la sindicatura general del concurso de Correo Argentino, y están denunciados por las maniobras de vaciamiento junto a Macri, de quien fueron abogados tanto en sus empresas como en su divorcio con Isabel Menditeguy.

Los estudios de la city también colocaron funcionarios en puestos importantes. Uno de las principales espadas jurídicas de Macri, Fabían “Pepín” Rodriguez Simón, viene del estudio Llerena. El titular de la UIF, Mariano Federici, pasó por Allende & Brea y Garrido. Gustavo Lopetegui, ex CEO de LAN, también integró el estudio Beccar Varela.

El desfile

En junio, el Colegio hizo una actividad en la Bolsa de Comercio, bajo el título de “Dialogos para Argentina”. El cierre estuvo a cargo Mauricio Macri, entrevistado por los periodistas Julio Blanck de Clarín y José del Río de La Nación. Macri aprovechó para criticar a Gils Carbó ante sus aliados en su persecución judicial. En abril, el CACBA y su sello Será Justicia habían lanzado, junto a Gobierno, la avanzada judicial contra la procuradora.

En su discuro Lipera, el presidente del Colegio, dejó clara la alianza. “Tenemos una oportunidad histórica con este gobierno. No tenemos por qué tener vergüenza de nuestras convicciones y por el contrario, defenderlas con uñas y dientes”, arengó. No hubo metáforas: llamó a los socios del Colegio de la calle Montevideo, a los abogados del establishment, a “jugar el partido a favor del Gobierno.

En esa actividad quedó expuesta la cofradía. Además de Macri, en distintos paneles estuvieron la gobernadora Maria Eugenia Vidal, el Secretario Legal y Técnico Pablo Clusellas, los diputados macristas Nicolás Massot y Pablo Tonelli, el procurador de la provincia de Buenos Aires Julio Conte Grand, Las moderaciones estuvieron a cargo de los periodistas Carlos Pagni (La Nación), Claudio Savoia (Clarin) y Marcelo Longobardi (Radio Mitre).

Los principales sponsors del encuentro fueron el Banco Provincia, el HSBC y la aseguradora Zurich. Sponsorearon también Ledesma, los bancos Macro, Santander y Galicia, Techint, OSDE, Telefónica, la propia Bolsa de Comercio y Swiss Medical y auspisieron Aysa, Abertis (que, como reveló Nuestras Voces, negocia la prorroga de sus contratos viales), el banco Citi, La Caja de Ahorro y Seguro, la financiera Puente. Los estudios de la city no se quedaron afuera. Figuran como estudios benefactores los principales buffetes como Allende&Brea, Bulló, Beccar Varela, Cassagne, Marval, O´Farrell y Mairal, M&M Bomchil y Perez Alati, Grondona, Benites, Arsten & Martinez de Hoz hijo.

Combo completo

El desfile de funcionarios macristas por el Colegio de la calle Montevideo no se limitó a esa actividad. Desde la asunción del nuevo gobierno, la plana mayor del macrismo participó de encuentros con sus socios. Pasaron por sus salones, entre otros, el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, el procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías, el titular de la AFIP Alberto Abad, y el presidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó.

Los nexos también llegan, obviamente, a la cúspide del Poder Judicial. Los supremos Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti hicieron lugar en sus agendas para partiripar de eventos en el CACBA.

Volvió la fiesta

El Gobierno de los CEO trae como anexo a sus estudios de abogados. Es una cuestión de confianza: si los tuvieron a su lado para hacer negocios en el mundo privado no van a prescindir de ellos en su paso por la gestión pública. Los estudios, por su parte, no se perderían semejante abanico de negocios. De cada trato que viabilizan se quedan con una tajada.

La revista Apertura retrató la euforia de estos cuervos prime. En su edición de agosto de 2016, ya afianzado el Gobierno de Macri, fueron explícitos. La ilustración de tapa fue una bola de boliche. El título de la nota central, “Volvió la fiesta”. El tema, los abogados de la city.

Ya en la editorial, a cargo del jefe de redacción Juan Manuel Compte, se lee: “‘Somos más optimistas que los empresarios’, reconoce un abogado entusiasmado por el flujo de trabajo vinculado a negocios que, de repente, su estudio -que lo necesitaba, y mucho- empezó a recibir desde que cambiaron los ocupantes de la Casa Rosada”.

En la nota central, con firma del mismo Compte y Pablo Ortega, afirman: “En el poskirchnerismo, los Abogados de la City ganan un protagonismo en la construcción del andamiaje jurídico de la Argentina sólo comparable con el que tuvieron en los ´90, cuando, en sus estudios, se diseñaron las ingenierías legales de las privatizaciones”.

La nota revela que la nueva joya del Gobierno, que son la letra que regula los proyectos de Participación Público-Privada (PPP) fue un aporte del Colegio de la calle Montevideo. “Su secretario, Ezequiel Cassagne (Cassagne Abogados), lideró el proyecto, en el que tuvieron voz (y voto), los principales estudios de la City, representados en la entidad de la calle Montevideo”, reafirma la nota. Una vez más, el Gobierno de Macri y el Colegio de los abogados de la city actuando (y ahora legislando) en tandem. Al cumplirse un año de esa nota, la misma revista publicó: “El año pasado, el ‘movedizo’ -al decir de un competidor- Ezequiel Cassagne gastó suela en los pasillos de la Casa Rosada, el Palacio de Hacienda y Cancillería, involucrado en la elaboración de la ley de Participación Público Privada (PPP). Sancionada en diciembre, se reglamentó en marzo. Hoy, Cassagne Abogados trabaja en 20 proyectos de inversiones privados, en fase de pre-factibilidad y factibilidad, dice. El estudio, también, asesora al Gobierno porteño y otros distritos en este tema”. En síntesis: el Colegio de la calle Montevideo escribió la ley y luego trabaja con las empresas que se benefician de esa ley mientras sigue asesorando al Gobierno que impulsó esa ley. Los negocios se cuentan en miles de millones de pesos. Para terminar de cerrar el círculo, la revista Apertura revela que el estudio Cassagne asesoró a Sideco tras el escándalo desatado por el intento de condonación de la deuda de Correo Argentino que intentó Macri.

La misma nota de la revista Apertura cuenta la participación de varios estudios de la city en la ingeniería jurídica de la eliminación de las restrucciones a la compra de dólares y del pago a los Fondos Buitre: “Cepo y holdpouts fueron dos señales claras, con impacto inmediato en los estudios de la City. ‘Después de eso, fue una fiesta’, se sincera Perez Alati”. Se trata de Jorge Perez Alati, del poderoso estudio Perez Alati, Grondona (hijo), Benites, Arnsten & Martinez de Hoz (hijo). El estudio aportó 934..000 a la campaña de Macri. Perez Alati puso otros 1.736.000 pesos.

Los estudios de la city están de fiesta. Colocaron un buen número de funcionarios en puestos clave, son parte de las oepraciones del Gobierno y se llevan tajadas por, entre otras cosas, las colocaciones de deuda.

¿Ex clientes?

El pasado CEO del Gabinete de Macri trae como consecuencia que sus miembros sean ex clientes de los estudios de la city y, en especial, de miembros del Colegio de la calle Montevideo. Muchas de estas conexiones se desnudan en ediciones de la revista Apertura. Conexiones que no se cortaron, y donde los funcionarios siguen utilizando los servicios de los abogados que tenían cuando eran empresarios full time.

Luis Caputo, el ministro de Deuda, fue CEO del Deustsche Bank. Ahí tenía como abogado a Javier Errecondo, del estudio Errecondo, Gonzalez & Funes. Cuando, ya como funcionario de Macri, fue a pactar el pago con los Fondos Buitre, Errecondo estuvo a su lado. Errecondo es el socio 3956 del CACBA. “Además, tiene linea directa con Mario Quintana, ya que su estudio es el de cabecera de Pegasus”, reveló la revista Apertura.

El estudio Errecondo, Gonzalez & Funes participó de la emisión de los bonos que se utilizaron para cancelar la deuda con los buitres y de los acuerdos con bonistas para la colocación de 16.500 millones de dólares. De esta movida participó también el estudio Bruchou, Fernández Madero & Lombardi. Los últimos dos apellidos también son socios del CACBA.

Brouchou, Fernández Madero & Lombardi hicieron buenos negocios con el macrismo. Fueron, según su web, el único asesor legal argentino de los bancos que participaron en la emisión del bono a 100 años que lanzó Macri por 2.750 millones de dólares. Organizaron el préstamo que recibió el Banco Central por más de 5.000 millones de dólares al inicio de la gestión Macri-Sturzenegger. También participaron de colocación de más de 5.000 millones de dólares deuda de la provincia de Buenos Aires bajo impulso de Maria Eugenia Vidal.

El estudio Perez Alati, Grondona, Benites, Arsten & Martinez de Hoz (PAGBAM) tiene apellidos ilustres. Mariano Florencio Grondona es hijo del periodista honómino. Padre e hijo son socios del Colegio de la calle Montevideo. Lo mismo con José Alfredo Martínez de Hoz hizo, socio 4104 del CACBA. Desde el estudio PAGBAM fueron parte del acuerdo con el fondo NML de Paul Singer y de la venta de Telecom al fondo Fintech.

Los dinosaurios

El periodista Horacio Verbitsky, que se ocupó de investigar los vínculos entre los abogados del establishment y la dictadura militar, relató: “En 1976 el Colegio de Abogados de la Calle Montevideo sostuvo que las Fuerzas Armadas salvaron a la República, cuando ‘había vacancia de poder y un vaciamiento de la Patria, tanto moral como político y económico’. El 6 de marzo de 1981, cuando el presidente de facto Jorge Videla dejó el gobierno, el Colegio destacó ‘la independencia con que han actuado los jueces’” .

En el libro ¿Usted también, doctor?, editado por Juan Pablo Bohoslavsky, quedan expuestos los vínculos de jueces, fiscales y abogados con las dictaduras militares. Unos de sus capítulos, escrito por la doctora en Antropología Virgina Vecchioli, trata sobre “El compromiso de las asociaciones de profesionales del derecho con el ‘Proceso de Reorganización Nacional’”. El Colegio de la calle Montevideo fue uno de los grandes comprometidos, y no sólo con la última Dictadura. El texto cita un comunicado del Colegio de 1955, que, tras el derrocamiento de Perón, afirma: “Ha caído la dictadura (…) homra de todas las tendencias, entre los que se destacan muchos socios de este Colegio, se ocupan de asegurar el imperio del Derecho (…) después de haber consagrado la tarea heroica y de terminar con el déspota y su sistema”.

Vecchioli explica que el Colegio de la calle Montevideo es del tipo de entidades que “se destacan por ser asociaciones que nuclean un conjunto importante de la elite de la profesion, es decir, a aquellos que poseen un nombre dentro de este universo de relaciones, heredado a través de los vínculos familiares y personales tanto dentro del mundo de la dirigencia política y empresarial de la Argentina como del propio mundo del derecho, donde llegan a conformar verdaderos linajes familiares”. Esta pertenencia a las elites se afianza con vínculos y relaciones heredadas, la asistencia a colegios exclusivos (antes el Champagnat, hoy el Newman), lazos eclesiásticos, membresías en clubes de golf o el Jockey Club, entre otros. Cuenta Vecchioli que el Colegio puso funcionarios en Gobiernos civiles y dictaduras, e incluso dos de sus socios llegaron a presidentes: Arturo Frondizi y Fernando De La Rúa.

Los dinosaurios pululan por el Colegio de la calle Montevideo hasta hoy. Entre los socios vitalicios del CACBA está Alberto Rodriguez Varela, ministro de Justicia de la dictadura encabezada por Jorge Rafael Videla. En democracia, fue abogado del dictador en la causa por el plan sistemático de robo de bebés. En 2012, el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata ordenó su detención como parte de los delitos de lesa humanidad contra la familia Graiver, cuando Rodriguez Varela aún era fiscal de la provincia de Buenos Aires.

Es socio honorario Roberto Durrieu, subsecretario de Justicia de Videla, cargo al que llegó de la mano de Rodriguez Varela. El periodista Walter Goobar publicó que, “en 1987, Durrieu fue uno de los firmantes de una escandalosa solicitada en la que expresaba solidaridad y reconocimiento con Videla, quien dos años antes había sido condenado en el Juicio a las Juntas”.

Otro honorario es Horacio A. García Belsunce, ex funcionario de la Revolución Fusiladora y del interinato de José María Guido, que luego integró todas las organizaciones empresariales promotoras de los golpes de estado como ACIEL y el CEA. Por si quedaban dudas, fue Vicepresidente de la Comisión Permanente de Homenaje al almirante Isaac Francisco Rojas. También figura Eduardo Alejandro Roca, ex embajador de las dictaduras de Juan Carlos Onganía (en OEA y Estados Unidos) y en 1982 (ONU), socio vitalicio del Jockey Club de Buenos Aires y del Círculo de Armas.

Guillermo Walter Klein es socio vitalicio. Integró el gabinete de Martinez de Hoz durante la dictadura, a cargo de Programación y Coordinación Económica. Responsable de la ingeniería financiera del megaendeudamiento dictatorial, fue denunciado por el asesinato de Juan Caros Casariego del Bel, un funcionario del ministerio de Economía que se negó a participar de la estafa que de la estatización de la compañía Italo, cuyo beneficiario era nada menos que Martínez de Hoz. En democracia, Klein armó un estudio de abogados con Héctor Mairal, otro socio del CACBA. Le dieron trabajo a los hijos de Martinez de Hoz y Grondona, que luego abrieron su propio buffette.

La lista de socios del CACBA también se puebla de menemismo. La integran el ex juez de la Corte Suprema automática Augusto Belluschio, el ex supremo y Ministro de Justicia Rodolfo Barra y el autor intelectual de las privatizaciones Roberto Dromi.

ARI LIJALAD

Macri es socio de Odebrecht desde 1998.

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Desde 1998, cuando Maurizio Macrì era su vicepresidente ejecutivo, Sideco Americana es socia de Odebrecht en el fondo de inversiones Blackwood. Lo conocido hasta ahora es menor ante los negocios de energía, construcciones, petróleo y gas, consultoría, minería, finanzas, fusiones y adquisiciones, que comparten en Europa, Asia, Africa, Medio Oriente, Norte, Centro, Sudamérica y el Caribe. Kirchner decía que Maurizio es Macrì. Ahora se sabe que Macrì es Odebrecht. Se entiende la desazón oficial.

La desazón del gobierno nacional ante las investigaciones por el pago de sobornos por parte del consorcio brasileño Odebrecht y la insistencia por derivar de la justicia al Poder Ejecutivo las negociaciones con la megaconstructora brasileña se explican por un dato que hasta ahora no había entrado en el radar público: el Grupo Macrì es socio de Odebrecht en el fondo de inversión Blackwood Group, creado en 1998, cuando el actual jefe de Estado era vicepresidente ejecutivo del holding familiar Sociedades Macrì (Socma). Blackwood es un grupo internacional que manejó diversos fondos de inversión y uno especializado en energía y comunicaciones, con inversiones en todo el mundo.

La ley de responsabilidad empresarial enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso consiguió media sanción de la Cámara de Diputados, al costo de sacrificar el denominado Artículo Odebrecht, por el cual las negociaciones con la constructora brasileña y sus directivos por hechos previos a su sanción quedarían a cargo del Procurador del Tesoro de la Nación, es decir el abogado personal de Macrì, Bernardo Saravia Frías, designado en reemplazo de Carlos Balbín, cuyo dictamen sobre el Correo Argentino defendía los intereses del Estado que quería y no los de Macrì que se resistía a pagar. El gobierno, por medio de la Oficina de Encubrimiento de la Corrupción, cuya titular Laura Alonso visitó la última semana el Senado, insiste en reintroducir ese artículo clave.

EL MAPA DE NEGOCIOS DE BLACKGOOD.

Las propinas que un bolsero de Odebrecht dijo haber pagado al íntimo amigo de Macrì que conduce la agencia nacional de espionaje, Gustavo Arribas, la intervención que otro procesado en Brasil atribuye al vividor Jorge Rodríguez y a Javier Sánchez Caballero, principal ejecutivo de la constructora familiar Iecsa, también asociada con Odebrecht para el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, son apenas la punta de un iceberg que recién comienza a emerger.

Se entiende mejor así porqué un banco caribeño de Odebrecht ayudó a los Macrì a manipular las mayorías en perjuicio de los acreedores en el concurso del Correo Argentino, soportando para ello fuertes pérdidas. Según el dictamen de la fiscal general Gabriela Boquín el Meinl Bank (filial de un banco austriaco en la guarida fiscal de Antigua & Barbuda) compró créditos del BID y del Banco Mundial contra el Correo Argentino por 400 millones de dólares, con la expectativa de recuperar sólo 8 millones. Según Boquín, el banco de Odebrecht “ha votado en forma contraria a su interés, por lo que su decisión equivale a la renuncia al cobro de su crédito”. El Meinl Bank también otorgó créditos a los principales accionistas del Correo, Socma, Sideco e Inversid, todas del Grupo Macrì, con garantía de acciones. Cuando el actual presidente comenzaba su tentativa de desasociar su imagen de la de su padre, Néstor Kirchner acuñó una frase ingeniosa: “Mauricio es Macrì”. Si aún viviera podría agregar: “Y Macrì es Odebrecht”.

Uno por uno
Estos son los socios que integran el grupo, tal como los caracterizaba en 2011 el propio holding Blackwood:

Odebrecht, una empresa brasileña con inserción mundial y pautas globales de servicio y calidad. Está presente en Norte, Sud y Centroamérica y el Caribe, África, Medio Oriente y Europa. Es líder en los sectores de ingeniería y construcción, química y petroquímica.

Sofinter, un grupo global integrado de empresas especializadas en el sector de generación de energía a vapor con distintos combustibles fósiles, biomasa y desechos municipales e industriales.

Sideco Americana, una empresa centrada en la construcción civil, concesiones y servicios públicos en la Argentina y otros países de Sudamérica.

Grupo Galileo, compañía líder en tecnología de gas natural comprimido y transporte de equipos para gas natural. Con sede en Buenos Aires, tiene una red internacional de asociados y representantes en Latinoamérica, Europa y Asia.

Minera Geometales, que realiza tareas de exploración de cobre y oro en la Argentina y otros países.

Litsa SA, empresa especializada en la construcción operación y mantenimiento de líneas de transmisión de energía.

Civilia Engenharia LTDA, una compañía que administra las concesiones de rutas federales y provinciales en Brasil, su ampliación y mantenimiento.

Qualix S.A Environmental Services, empresa líder en la recolección de residuos en áreas urbanas, limpieza y operación de rellenos sanitarios y tratamiento de residuos.

Todos esos socios de Odebrecht (salvo quizás Sofinter), forman o formaron parte del Grupo Macri.

La presentación de Blackwood, el fondo de inversiones de Odebrecht y Macrì.

Si se cree en las palabras de Blackwood, el grupo busca empresas excepcionales con una clara visión del crecimiento en los sectores en que el holding se especializa, y como “no respondemos a accionistas externos, tenemos libertad para centrarnos en la construcción de relaciones de largo plazo y valor duradero”.

Busca inversiones en todo el mundo, no sólo en adquisiciones apalancadas de empresas maduras sino también recientes, fusiones y adquisiciones, inversiones en paquetes minoritarios, asociaciones corporativas o consolidación de industrias. Su actividad principal se centra en Energía, Petróleo y Gas y Minería también se especializa en regiones emergentes y de rápido desarrollo en Africa Occidental, Asia Central y Sudamérica, donde establece asociaciones locales y regionales. Entre las inversiones que menciona hay tres plantas térmicas de ciclo combinado en Nigeria, Ghana y Croacia y concesiones petroleras en Nigeria. Ofrece plantas llave en mano.

En tareas de consultoría enumera asesoramiento a la división Energía de Leman Brothers en África, Italia y Gran Bretaña; a Siemens en Afganistán, Libia e Irak; a Philip Holzmann, Hochtief, Isolux Corsan, Grupo Macri, Marsh& McLennan, Italbrokers, en proyectos financieros, de infraestructura, gas y petróleo, energía, minería y seguridad; a los gobiernos de Nigeria, Gana, Libia, Irak, Afganistán, Pakistán, China, República Centroafricana, Camerún, Kazajistán, Japón, Argentina, Brasil, Uruguay, Australia en proyectos de petróleo y gas, energía, infraestructura, finanzas, telecomunicaciones, seguridad y seguros de riesgo político.

En Minería declara dedicarse al desarrollo de proyectos de exploración de óxido de hierro, cobre y oro en la Argentina y África y menciona explícitamente las actividades de Minera Geometales, del Grupo Macrì, a través de Sideco Americana, en Mendoza y San Juan. Sus fortalezas –dice– son su habilidad en la consolidación legal de la propiedad y la capacidad de invertir en exploración. Para ello, Minera Geometales “busca inversores que, actuando como socios, ayuden a agregar valor a proyectos lucrativos, de modo de ofrecer oportunidades de negocios a grandes empresas mineras”, lo cual parece el ofrecimiento más explícito posible en un documento público de lobby sobre los gobiernos para obtener concesiones y beneficios. El documento también describe el proceso por el cual Sideco Americana, que en la década de 1960 era una empresa constructora se convirtió en un grupo diversificado que se insertó con éxito en el mercado sudamericano. Su crecimiento se basó en cuatro pilares: su capacidad para generar asociaciones con líderes internacionales; su experiencia para desarrollar las estructuras financieras de los proyectos, incluyendo la implementación de confianza; el management profesional y de alta capacidad; el constante desarrollo de procesos de aseguramiento de la calidad, de modo de cumplir con las necesidades y expectativas de los clientes. También afirma que las principales áreas de negocios de Sideco Americana son Ingeniería y Construcciones, Inmobiliaria, Tratamiento de Residuos, Tecnologías de la Información, Gas Natural Comprimido, concesiones viales, generación y transmisión eléctrica y minería. Incluso se refiere a las leyes 24.196, de estabilidad impositiva; 24.402 de financiamiento de la inversión en bienes de capital; y 24.228 de federalismo minero con miras a la privatización e identifica a la Argentina como la última frontera occidental para la minería.

Los principios de Groucho
En su presentación el Blackwood Group afirma que no es un típico fondo de inversión que opera con dinero ajeno, sino que invierte el propio; que no está pendiente de las estrategias de salida sino de la creación de valor a largo plazo. No le interesa conducir las empresas sino aportar socios que lo hagan. “No tenemos parámetros estrictos a los que adherir, somos muy flexibles sobre empresas y estructuras de transacción”, una frase reminiscente de la que Groucho Marx empleó para definir sus principios.

Al paso de la carrera política de Maurizio Macrì, el grupo familiar se desprendió de algunos de esos negocios y enmascaró la propiedad de otros.

Galileo. Publicaciones recientes del blog El Disenso reseñaron que entre abril y mayo de 2016, los Macrì vendieron su participación en Galileo al grupo inglés Blue Water Energy. Al mismo tiempo el gobierno comenzó a estudiar una serie de beneficios promocionales para la fabricación y uso de vehículos eléctricos. Este año anunció aumentos en el precio del GNC que deberían equipararlo con el de la nafta súper y la instalación de una fábrica china de producción de vehículos eléctricos: DongFeng DTFC, propiedad del padre del presidente. YPF ya comenzó la instalación de los postes para carga de electricidad en estaciones de servicio. El costo por kilómetro recorrido será un tercio del de los combustibles líquidos, tal como ocurría hace veinte años con el GNC, cuya obsolencia fue decretada ahora por una decisión política.

Qualix, la Manliba brasileña, con 500 vehículos y 7.000 trabajadores, con sede en San Pablo y once filiales. Enfrentó procesos y denuncias por pago de coimas por la ejecución de sus contratos para la recolección y tratamiento de basura en diversas ciudades del país, como Porto Alegre, Cuiabá, Brasilia, San Pablo, Diadema, Rio Claro, Hortolandia, Várzea Grande, Feira de Santana y Teresina. La investigación sobre diversas irregularidades se denominó Caja de Pandora. Una empleada de la cual sólo se reveló el nombre de pila, Dominga, narró cómo se realizaba el pago de propinas a funcionarios, en cajas de archivo de cartón, que contenían entre 50 y 100 mil reales y que se trasladaban en el baúl de un auto. Según la revista digital Carta Capital entró en convocatoria de acreedores en 2010. Franco Macrì está bajo investigación policial por fuga ilegal de capital.

Civilia Engenharia Ltda. Fue adquirida por Franco Macrì a la familia Rossi en 1996 e inscripta en la Argentina en 2007. En 1997 ingresó al negocio del peaje en Brasil, con una concesión por 24 años, una inversión de 550 millones de dólares y una facturación anual de 50 millones de dólares. Quien figura como accionista es el hermano menor del presidente, Mariano Macrì. Tiene sedes en San Pablo y Buenos Aires. En 2008 se incorporó al Grupo ODS y en febrero de 2008 los Macri vendió la concesión de la ruta “Rodovias das Cataratas” a la italiana Impregilo, con la cual comparte en la Argentina la limpieza del Riachuelo y el soterramiento del Sarmiento. Desde 2012 cambió de nombre por Ingenium Obras e Servicos Ltda, aunque públicamente siguió usando la denominación original como nombre de fantasía. Eso le sirvió como defensa en procesos por infracciones previas a 2012 por actuar sin registro actualizado ni responsable técnico. Para la recolección de basura utilizaron la empresa Sistemas Ambientales S.A. en sociedad con Waste Management de Estados Unidos, igual que Manliba en la Argentina. En Energía se asociaron con Petrobras.

Minera Geometales, presentada en 2006 por Franco Macrì en una convención minera en Canadá. En 2016 inscribió el hallazgo de tres yacimientos en el cinturón de cobre El Teniente, en terrenos lindantes a uno del primo Angelo y a otros del Ejército en Campo de los Andes, que el gobierno de Maurizio Macrì puso a la venta, por el decreto 225 de este año. Habrá que ver quién los compra. Los nuevos yacimientos recibieron el nombre de algunas de las mujeres de la familia: Valentina, por la hija de Juliana Awada, Florencia, por la hermana menor del presidente y Francesca por su sobrina, hija de su hermano Gianfranco. Despiadados para los negocios, pero sin perder la ternura.

Horacio Verbitsky y Mariana Escalada.

Vladimir Werning, ex JP Morgan, monitorea la economía argentina desde la Jefatura de Gabinete.

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Apenas dos meses después de haber asumido el gobierno, de acomodarse en las oficinas y llenar los cupos administrativos, el gobierno de Macri recibe a Vladimir Werning, hombre de JP Morgan para monitorear la economía a través del entonces ministro de hacienda Alfonso Prat Gay. Ya hicimos entonces una breve recorrida por su pensamiento económico y vimos como la Agencia Bloomberg publicaba que "Wall Street quedaba al mando de Argentina otra vez" mientras la administración del Estado argentino queda usurpada de hombres provenientes de la banca extranjera. Alfredo Zaiat reflota la presencia de Werning en el gabinete económico de Macri a propósito de las últimas medidas tomadas.

En el gobierno no hay un ministro de Economía dominante de la gestión pero hay uno que trabaja de tal en las sombras muy cerca del jefe de Gabinete, Marcos Peña. Fue el ideólogo del aumento en un 50 por ciento de los parámetros de las metas de inflación anunciado el Día de los Inocentes último, de la necesidad de reducir la tasa de interés y de subir el tipo de cambio. Un poco más de inflación asegurará un poco más de crecimiento en este año, propuso ese economista, lo que fue aceptado por Peña. Este último tiene el atributo de ser los ojos y la inteligencia del Presidente, según la descripción que hizo el propio Macri ante 600 funcionarios en el Centro Cultural Kirchner. En ese mismo encuentro de autoayuda había informado que cuando Peña, y sus lugartenientes Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, piden algo es que lo está pidiendo él. Es un mensaje que entendió el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, quien no se quiso ir de su vaticano despacho y aceptó parcialmente la orden que desautorizó su política monetaria restrictiva como herramienta anti inflacionaria. El ministro de Economía en las sombras que, a través de Peña, devaluó a Sturzenegger y dispuso subir la meta de inflación del 10 al 15 por ciento para 2018 se llama Vladimir Werning. Como otros integrantes del gobierno, proviene de la banca internacional, en su caso del JP Morgan. Fue director ejecutivo para América latina de ese gigante financiero estadounidense hasta un día antes de sumarse a la administración Macri como jefe de asesores del ministro de Hacienda y Finanzas Alfonso Prat Gay. Cuando Prat Gay fue despedido, a él no lo echaron: fue convocado al poco tiempo para sumarse al equipo de estrechos colaboradores de Peña.

Tribus
La descoordinación de la gestión económica es una de las características más evidentes en dos años de gobierno de Macri. Mientras el Banco Central subía la tasa convencido de que es la principal arma para bajar la tasa de inflación, el Ministerio de Energía aumentaba las tarifas de luz y gas y después el de Transporte hacía lo mismo con los boletos de colectivo, subte y trenes del área metropolitana, medidas que suman más presión inflacionaria. El Ministerio de Finanzas busca pagar tasas más bajas con las Letras del Tesoro pero las Lebac ofrecen una renta más elevada. Después de la intervención de Werning, el Banco Central bajó un punto y medio la tasa de las Lebac, en línea opuesta a lo que Sturzenegger había postulado en dos años de mandato, justo cuando el registro del Índice de Precios al Consumidor de diciembre fue el más alto de 2017. Es una puja que sigue abierta y el único objetivo que unifica a los miembros de un equipo económico fragmentado es la alteración de la estructura de precios relativos, en perjuicio de sectores vulnerables (clase media, trabajadores y jubilados) y en beneficio de grupos concentrados.

Es un gobierno donde los economistas y empresarios con lógica de las finanzas ocupan cargos claves, sin un plan de corto plazo ordenador de las principales variables macroeconómicas, excepto la de fijar un “ancla salarial” con un techo a las paritarias en 15 por ciento, y una cada vez más intensa lucha de egos. Además aparecen competencias académicas de las tribus privadas de la ortodoxia, debido a que los egresados de la Universidad Di Tella son mayoría en cargos en el gobierno, relegando a los provenientes de la San Andrés y casi sin participación los de la UCEMA.

Macri piensa que la dispersión de la gestión económica en varias áreas de gobierno le permite un mejor control de los funcionarios y de las políticas. El inmenso endeudamiento interno y externo por ahora le permite disimular la descoordinación que provoca esa estrategia, dólares de deuda que no tuvo en esta magnitud el gobierno de la Alianza de Fernando de la Rúa, que también tenía a muchos economistas como figuras centrales en diferentes espacios centrales de la administración pública.

Papel
Vladimir Werning es subsecretario de Coordinación y Análisis Económico de la Secretaría de Coordinación Interministerial en la Jefatura de Gabinete. Es importante conocer qué lineamiento de política económica propone puesto el papel preponderante que asumió en materia de gestión económica desde el estratégico espacio de poder macrista.

Desde mediados del año pasado y durante meses, Werning estuvo insistiendo ante Mario Quintana, su superior inmediato, y también frente a Marcos Peña, su jefe, de la necesidad de modificar las metas de inflación. Les advertía que las pautas del 17 por ciento para el 2017 y del 10 por ciento para este año que abrazaba con fe militante Sturzenegger eran imposibles de alcanzar y que, además, exigían una tasa de interés muy alta, renta real extraordinaria que profundizaba el atraso cambiario.

Las tasas altas más que influir sobre la evolución de la inflación actúan como un ancla cambiaria, induciendo a los capitales financieros a invertir en pesos (Lebac) y a vender dólares para sumarse a esa bicicleta. Werning les aseguraba a Quintana y a Peña que así se estaba asfixiando al sector productivo y, por lo tanto, enfriando la economía, tendencia que se empezó a consolidar con los datos del último trimestre del año pasado. Por eso aconsejaba modificar rápidamente las metas de inflación y bajar la tasa de interés, lo que implicaba subir la paridad y mejorar la competitividad cambiaria de las exportaciones. Se enfrentaba así a la política de Sturzenegger.

La propuesta de Werning adquirió más fuerza luego de que Sturzenegger subió la tasa de interés en dos oportunidades después de las elecciones de medio término. Primero lo hizo el 24 de octubre pasado, al elevarla de 26,25 al 27,75 por ciento anual; y después el 7 de noviembre cuando incrementó la tasa de las Lebac al 28,75 por ciento. Esta veloz movida alcista de dos puntos y medio de la tasa encendió las luces de alerta del tablero de control macroeconómico de Werning. Con tasas altas y atraso cambiario no hay crecimiento, lo que acerca la economía a una crisis, fue la línea argumental del ministro de Economía en las sombras expuesta ante Quintana y Peña.

Werning promete que flexibilizando un poco la política monetaria (el martes el BCRA debería bajar la tasa por lo menos otro 0,75 por ciento, esperan en la Jefatura de Gabinete) la economía podría crecer 3 por ciento este año. El aumento del Producto –dice– facilitaría el manejo de las cuentas fiscales porque con crecimiento económico y un poco más de inflación, con gastos nominales controlados, los ingresos crecerán más que proporcionalmente lo que permitiría mostrar una mejora del déficit fiscal primario. Pasado mañana, Sturzenegger mostrará si se disciplinó o si decidió resistir.

Meta
Para el ministro Nicolás Dujovne, cuya principal tarea es el manejo de las cuentas públicas, un escalón superior de la tasa de inflación le permitiría mejorar el frente fiscal de este año, que no fue tan bueno en 2017 como lo presentó el miércoles pasado (ver aparte). En los despachos de la Jefatura de Gabinete, que monitorean la evolución de las principales variables económicas, evalúan que es muy difícil de cumplir la nueva meta de inflación del 15 por ciento, pero están satisfechos de haber quebrado inicialmente la inflexibilidad del Banco Central. Apuestan a que el mejor escenario es terminar el año con un aumento de precios promedio del 18 por ciento y afirman que, más que el número final, lo importante es la tendencia en los precios. Es decir, que el resultado final en 2018 sea con una tasa de inflación por debajo de la del 2017, que fue menor a la del 2016.

Werning propone una política monetaria menos contractiva coordinada con gradualismo fiscal, o sea tasas de interés más bajas y un manejo menos restrictivo de la cantidad de dinero, lo que permitiría –asegura– un buen equilibrio entre crecimiento y reducción de a poco la inflación.

La guía principal de Werning es que la economía tiene que funcionar con un tipo de cambio competitivo, reducción gradual del déficit fiscal y metas de inflación consistentes. Lo dijo en un seminario sobre Mercado de Capitales y Finanzas Corporativas, en la sede del Banco Nación, organizado por el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, a mediados de 2016: “Resguardar un tipo de cambio competitivo es un tema de fuerte interés para esta gestión, que tiene vocación de avanzar en un crecimiento sostenible y equilibrado”.

En una charla en la Universidad Di Tella, en 2012, señaló que “el mundo está fuertemente interconectado y demasiados planes económicos en economías en desarrollo fracasaron por carecer de un diagnóstico global acertado”. Sturzenegger no tendría un diagnóstico global acertado, de acuerdo a su propuesta económica. Entre sus especialidades se encuentra el análisis de mercado y política macroeconómica, instrumentos de inversión de renta fija y mercados de crédito. Cuando acompañó a Prat Gay en Hacienda había afirmado en un reportaje publicado en El Cronista, el 10 de diciembre de 2015, que el precio del dólar paralelo ya estaba incorporado a muchos precios de bienes y servicios. El shock inflacionario de la primera mitad de 2016, año que terminó con un aumento de precios promedio del 41 por ciento, desmintió esa sentencia. Su diagnóstico no fue acertado.

Hegemonía
En abril de 2014, Werning, analista experto en Mercados Emergentes con foco en Latinoamérica de JP Morgan, fue ascendido a jefe de estudios para América Latina del gigante de Wall Street como parte de una amplia reestructuración del negocio de Global Banking de esa entidad. Antes de ingresar a las oficinas de Buenos Aires del JP Morgan en 1996, fue profesor-asistente para cursos de comercio internacional y de finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella. Se radicó en Nueva York en 2004. Sus análisis financieros y económicos eran distribuidos al área de riesgo de JP Morgan y a clientes externos como instituciones, bancos privados y el gobierno de Estados Unidos. Era un frecuente expositor sobre la región para clientes de JP Morgan en Estados Unidos, Europa y Asia. Se considera un economista “aplicado, no teórico”.

El papel destacado que juega Werning como ministro de Economía en la sombra en el gobierno de Macri reafirma la precisa caracterización del actual ciclo político realizado por el economista Eduardo Basualdo. En su último libro, “Endeudar y fugar”, señala que a partir de un hecho inédito, que los sectores dominantes accedieran al control del Estado mediante un partido propio y el voto ejercido democráticamente, se pasó de un gobierno nacional y popular a otro de carácter neoliberal. Un aporte valioso de Basualdo es que determinó cómo está conformado el bloque de poder que ejerce la conducción del actual ciclo político, económico y social. Explica que cada patrón de acumulación de capital es conducido por un bloque de poder específico que articula distintas fracciones del capital de las que sólo una ejerce la hegemonía. En el gobierno de Macri “la fracción hegemónica está conformada por los bancos transnacionales y empresas extranjeras no industriales”, ilustra Basualdo. Reitera que “por primera vez en la historia moderna del país un partido orgánico del capital financiero internacional accedió al control del poder junto con las fracciones del capital aliadas”. En este proceso, el masivo endeudamiento externo asegura el funcionamiento estatal y, al mismo tiempo, garantiza al capital una mayor tasa de ganancia mediante la valorización financiera.

Basualdo explica que la primarización de la economía argentina a la que se ha lanzado la actual política no es diferente a la registrada en la etapa de la dictadura o en la década del ‘90, sino que lo que ha cambiado es que ahora está conducida por el capital financiero. De todos modos, advierte que existen contradicciones entre las distintas fracciones de capital que difieren en sus intereses y pugnan por imponer sus condiciones sin romper con la fracción hegemónica. Señala que el factor aglutinante es el disciplinamiento de la clase trabajadora.

Con Prat Gay en el primer año de gobierno de Macri, con Luis Caputo a cargo del Ministerio de la Deuda, y ahora con Werning como ministro de Economía en la sombra, la fracción hegemónica del bloque de poder que conduce el gobierno de Macri queda ratificada. La juventud macrista puede saltar en los actos partidarios cantando la JP (Morgan) al poder.

Alfredo Zaiat

Colonización de la subjetividad: La falsa oposición populismo-democracia.

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El poder neoliberal se apropió de los significantes “democracia” y “república”, intentando imponer sus significados como si fuesen naturales o necesarios. Periodistas, políticos y jueces del establishment promueven la caracterización de los populismos como una amenaza para la república y la democracia. El verdadero peligro, afirma Nora Merlin en esta nota, es esta nueva forma del capitalismo, el neoliberalismo, que va erosionando los pilares fundamentales de la república.

En un país colonial las oligarquías son las dueñas de los diccionarios.” 
John William Cooke.

Una tendencia mundial muestra que el neoliberalismo crece a escala planetaria, contaminando toda la cultura. Los Estados, manejados por gobiernos que representan intereses corporativos, administran los negocios del capital internacional y terminan siendo meros gestores o marionetas de las megaempresas. El poder neoliberal se apropió de los significantes “democracia” y “república”, intentando imponer sus significados como si fuesen naturales o necesarios. Los “periodistas”, los políticos y los jueces del establishment instalan y promueven el prejuicio que afirma que los populismos van en contra de la república y constituyen una amenaza para la democracia. Ese prejuicio constituye una falacia ideológica que pretende conservar los ideales de las minorías privilegiadas. Sostenemos, por el contrario, que el verdadero peligro es esta nueva forma del capitalismo, el neoliberalismo, que va erosionando los pilares fundamentales de la república: “libertad, igualdad y fraternidad”, la conocida frase nacida en la Revolución francesa que en el siglo XIX se convirtió en el grito de republicanos y liberales a favor de la democracia. Veamos qué sucede en el neoliberalismo con cada uno de estos términos.

Libertad

La mayoría de los gobiernos en esta etapa neoliberal acceden al manejo del Estado por el voto y, como hemos sostenido en otros artículos, poco va quedando de libertad de elección ya que los medios masivos colonizan la subjetividad, crean la realidad y manipulan las supuestas “elecciones libres” a partir de un totalitarismo comunicacional corporativo. Con voracidad el poder busca consumir al sujeto, producir una nueva subjetividad e imponer opinión pública a través de un discurso único. Si los sentidos o las representaciones no se debaten sino que se cristalizan, se literalizan transformándose en monolíticos, la práctica democrática es interrumpida dando lugar al autoritarismo y, en el caso extremo, al totalitarismo. El poder reprime el antagonismo propio de la política en los cuerpos o en lo simbólico, desconociendo las diferencias, la pluralidad de voces, los desacuerdos, las demandas populares, lo heterogéneo; en definitiva todos los elementos de la construcción populista. La democracia se reduce a un legalismo formal de elección de representantes, un juego de instituciones, donde los Estados resultan manejados por gobiernos que representan el poder: un simulacro de democracia.

Igualdad

El neoliberalismo constituye una potencia que, en acto, está estableciendo una cultura global de masas, alimentada por un totalitarismo comunicacional de discurso único, digitando la opinión pública, que resulta sometida de manera inconsciente. Una cultura homogeneizada y basada en un supuesto consenso que evita el conflicto político, se sitúa en las antípodas del principio de igualdad democrático. El rebaño totalitario se configura como una estructura fundada en la identificación, la sugestión, que se pretende garantía de pertenencia social, cuando en realidad es un ordenamiento meramente imaginario.

La cultura resulta planteada como un negocio, al quedar organizada por el imperativo de consumo, que coexiste con la inequidad en la distribución de la renta y la dificultad para adquirir los objetos necesarios en el mercado. La subjetividad resulta colonizada por los principios empresariales: el gerente de sí mismo, el emprendedor, el deudor, la meritocracia y los rendimientos que nunca dan con la cifra esperada.

Esto acarrea una desigualdad en aumento y la creciente uniformidad de una masa que rechaza al sujeto del lenguaje y va en contra de la política.

Fraternidad

Vemos surgir un “mundo feliz”, conformista y cínico, que goza del consumo de fármacos y de todo tipo de objetos tecnológicos, en el que se reprime el disenso y se desalienta la participación apasionada en nombre de una falsa armonía, mas determinada por el new age que por la política. El “manual neoliberal” sostiene el ideal de la gestión junto con múltiples operaciones orientadas a desprestigiar la política y transformar el conflicto que la define en una disputa entre individuos motivada por el odio. La política demonizada, asociada a la violencia y recortada como una cuestión moral entre buenos y malos, que lleva a convertir al adversario en el enemigo al que se debe erradicar como si fuera “el mal”. De ahí el auge del racismo, la xenofobia y una creciente hostilidad hacia el prójimo, que el Estado no regula sino que, por el contrario, alimenta.

El poder mediático concentrado promueve la satisfacción en la venganza y en un odio radical contra la alteridad. El odio es una afecto disolvente de los vínculos sociales que, junto a la agresividad, resulta descender de la pulsión de muerte. Se torna muy difícil conmover las identificaciones hostiles, racistas y antidemocráticas, no por déficit epistémico sino porque los medios de comunicación y el marketing político realizan una eficaz manipulación del afecto.

Los Estados neoliberales han fracasado en su función fundamental: evitar el poder del más fuerte, hoy las corporaciones, y limitar la violencia entre las personas.

Totalitarismo neoliberal

Constatamos que el poder neoliberal ataca con toda su artillería: política, económica, mediática, judicial, imaginaria y simbólica a los populismos. Desprestigiándolos globalmente los desestabiliza, realiza golpes institucionales como una “cruzada democrática” y de “lucha contra la corrupción”. Persigue a dirigentes sociales y políticos, logrando ganar en la batalla cultural por la imposición de significados, al convencer que populismo es igual a fascismo, y que en consecuencia se trata de un totalitarismo que se opone a la democracia y a la república.

Nuestra posición es que el populismo, tal como lo estableció Ernesto Laclau en su libro La razón populista (2008), amplía la democracia, la radicaliza, aportándole un pueblo que se construye hegemónicamente por voluntad popular, en la que no hay privilegio estructural de un agente o una clase y no hay sentidos naturales ni intereses históricos necesarios. Se trata de una iniciativa política contingente que supone la articulación de demandas como práctica concreta, un colectivo de diferencias y equivalencias en permanente tensión; el trazado de una frontera que divide lo social en dos campos, y que en el proceso mismo se constituye lo que se quiere representar: el pueblo. La hegemonía postula una democracia participativa, que incluye el afecto, los cuerpos, las voces, las demandas. Las acciones del pueblo constituyen un movimiento instituyente que mantiene viva la democracia, asegurando su realización en función de los intereses del pueblo, evitando devenir un dogma fijo y establecido para siempre. Las instituciones neoliberales no escuchan ni reconocen al pueblo sino que lo rechazan, lo que transforma a la democracia, que debería ser el gobierno del pueblo, en una gestión de expertos, en una tecnocracia sometida a los poderes corporativos.

Populismo y democracia

El populismo constituye una posibilidad distinta a la masa de construir lo común. Contrariamente a lo que algunos afirman prejuiciosamente, el populismo lejos está de oponerse a la democracia o de constituir un obstáculo para su buen funcionamiento: ambos se retroalimentan y precisan mutuamente, la presencia combinada de pueblo y Estado puede ofrecer una perspectiva realista en la ruta democrática.

El populismo pone en escena un movimiento discursivo y afectivo, una voluntad popular que interpela y demanda al Estado, radicaliza la democracia y se sitúa en las antípodas de representar un peligro para ella. Constituye un experimento soberano de autonomía frente a la civilización global, que pretende legislar a favor de las minorías privilegiadas. Una apuesta política distinta a la uniformidad de las recetas que proponen universalmente los expertos del neoliberalismo.

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Nora Merlin es Psicoanalista – Magister en Ciencias Poliíticas. Autora de Populismo y psicoanálisis (Letra Viva, 2014). Autora de Colonización de la subjetividad. Medios masivos de comunicación en la época del biomercado [en imprenta]

Déficit comercial récord: u$s 8471 millones en 2017.

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Las importaciones alcanzaron los 66.899 millones, lo que implica una suba de casi el 20% con respecto a 2016. Las exportaciones crecieron un 0,9%, con un total de 58.428 millones de dólares.

La balanza comercial terminó el año 2017 con un déficit de 8471 millones de dólares, lo que implica un marcado deterioro frente al superavit de 1969 millones del año pasado (2016), a punto tal que lo convierte en un récord histórico. En doce meses, las importaciones alcanzaron los 66.899 millones, con una suba del 19,7% frente a 2016. En cambio, las exportaciones terminaron apenas 0,9% por encima del año previo, con un total de 58.428 millones de dólares.

Las compras al exterior fueron motivadas por el proceso de apertura comercial que se expresa en la fuerte suba en el ingreso de bienes de consumo y autos, junto a los bienes de capital en sectores como el automotor, maquinaria agrícola y vial y teléfonos celulares. La debilidad de las exportaciones se explica por el desempeño del sector primario y las manufacturas agropecuarias, rubros hacia donde el Gobierno redirigió las transferencias fiscales en detrimento de los subsidios a los servicios públicos. El déficit de diciembre (2017) se ubicó en 847 millones de dólares.

El bache en materia de comercio exterior junto a la fuga de capitales pone en juego la sustentabilidad del esquema macroeconómico, que por ahora sólo encuentra amparo en la emisión de deuda externa y el ingreso de capitales especulativos para aprovechar la bicicleta financiera. Visto en perspectiva, la situación es compleja: Martín Alfie, economista de la consultora Radar, calculó que el déficit comercial en términos del PBI es del 1,5 por ciento, el más alto desde 1998. En términos nominales, el rojo del 2017 es el más abultado de la historia económica argentina.

El primer factor que explica el déficit es el comportamiento de las importaciones. La estructura de la economía nacional define que siempre que se produce crecimiento agregado, las importaciones responden más que proporcionalmente. Es decir, son elásticas al PBI. Sin embargo, esa relación positiva se profundizó con la política económica del macrismo. Desde Radar detallaron que la usual relación "3 a 1" entre suba de importaciones y crecimiento se ubica actualmente en un "5 a 1".

FUENTE: PÁGINA 12

La subjetivación neoliberal.

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Una vez más, en su último libro La pesadilla que no acaba nunca, Christian Laval y Pierre Dardot profundizan su analítica del neoliberalismo en su nueva extensión planetaria. Siguiendo una tradición foucaultiana, estos autores no ven al neoliberalismo como exclusivamente un “mal” de los mercados financieros que tendrían como cometido destruir el espacio público. Más bien, el neoliberalismo es un nuevo orden racional que va borrando tendencialmente la diferencia público-privado y que dispone de la potencia de apropiarse de los distintos órdenes de la vida hasta llegar a configurar el modo más íntimo de la vida del sujeto. Para estos autores, funciona una suerte de promesa neoliberal que en su ejercicio cautivante constituye a los sujetos en su propio modo de ser.

En el capítulo denominado “la ilimitación de la subjetividad”, reconociendo la clara inspiración en la tesis de Lacan indagan el modo en que la condición primordial “ilimitada” del neoliberalismo se introduce en la vida de los seres hablantes. Por condición ilimitada, estos autores, al igual que Lacan, admiten que el nuevo capitalismo no puede ser intervenido ni regulado por ningún exterior. Su potencia conectora, abarcadora e interventora en la propia conformación de los lazos sociales es imposible de limitar. ¿En qué afecta esto a los sujetos?, ¿cómo interviene esta potencia ilimitada en la propia constitución de los sujetos?

En primer lugar, los autores insisten que el neoliberalismo ha sabido construir un “imaginario” al que no se le ha podido contraponer un mundo alternativo por parte de la izquierda. Lo que le otorga al neoliberalismo su carácter de promesa y seducción es que a través de distintos dispositivos acompañados por “coachs” de distinto tipo y managers del alma de diferentes cuños y estilos han introducido una lógica de rendimiento y de “autovaloración de sí” donde el sujeto solo es una voluntad de acumulación del propio valor. Aunque los autores no citen a Heidegger, esta cuestión evoca claramente su lectura de la Técnica en conjunción con la Voluntad de Poder, esa voluntad que sólo anhela aumentarse a sí misma indefinidamente.

En el neoliberalismo los sujetos no sólo venden su fuerza de trabajo bajo la forma Mercancía, también existe algo que compromete al propio ser con un “capital humano” y un “espíritu empresarial” que lleva a la existencia misma a comportarse como una empresa. No se trata de tener una empresa ni de trabajar en ella, sino de existir bajo el mandato de convertirse a sí mismo y a la propia relación con uno mismo en capital financiero. Laval y Dardot enmarcan esta operación en la fórmula (S-S’) donde el sujeto se engendra a sí mismo ilimitadamente en capital financiero y el capital financiero en sujeto. En efecto, se trata de un movimiento circular tal como Lacan describe el funcionamiento del Discurso Capitalista. En este aspecto, señalemos que en este discurso ilimitado se van borrando progresivamente los legados simbólicos, la alteridad y la imposibilidad que la determina, hasta volverse la vida expresión de un presente absoluto. Sin duda se trata, y los autores lo señalan, de un proceso permanente de “automaximización”. O como lo dicen los propios autores: “el sujeto autoaumentado es el que goza del valor que es él mismo”. O, en otros términos, el sujeto goza de la producción que aumenta su valor.

En este punto es necesario aclarar e insistir en que “goce” en Lacan es diferente de placer, el que siempre es regulado y limitado. El goce es un “mas allá del Principio del Placer” que se ajusta adecuadamente al dispositivo del rendimiento empresarial vinculado a su carácter compulsivo, adictivo y finalmente su reverso depresivo. Y por supuesto, dado el carácter existencial de estos dispositivos, los mismos afectan a los sectores incluso más desposeídos.

No obstante, a pesar del excelente y completo análisis que Laval y Dardot ofrecen sobre la razón neoliberal no logran explicar por qué esta promesa de volver a la propia vida una empresa interminable de maximización del propio valor resulta tan irresistible y atractiva para los sujetos que se entregan incondicionalmente a la misma, incluso contra sus propios intereses. Tal vez esta cuestión no es despejada con la argumentación suficiente porque los autores incurren en este caso en un error clásico: están atravesados por una noción ambivalente de la categoría del sujeto. Al pensar al sujeto constituido por el Poder, el sometimiento, la sujeción al mismo, se lo presenta como un hecho primario y constitutivo de la existencia humana. Pero el suelo nativo del sujeto, el lugar desde donde adviene a su propia existencia no es el Poder, sino la estructura del lenguaje que lo precede y lo espera antes de su propio nacimiento. El sujeto es un accidente fallido y contingente que emerge en el lenguaje atravesado por la incompletud y la inconsistencia. Radicalmente dividido, agujereado y que necesita siempre de distintos recursos “fantasmáticos “ para soportar su falla constitutiva. Esta es la verdadera razón por la cual la promesa neoliberal puede encontrar su anclaje en el sujeto, e incluso ser deseada. Por ello, es fundamental distinguir metodológicamente al sujeto causado como un efecto contingente por el lenguaje de la “subjetividad” producida por los dispositivos de poder. Si esta distinción no se efectúa el círculo es imposible de cortar. Si la subjetividad esta producida por el poder, ¿por qué razón encontrará en ella misma recursos para sustraerse de aquello que la ha constituido? Como se puede apreciar este es un problema político de primer orden si se desea pensar en experiencias contrahegemónicas con respecto al neoliberalismo.

Nuestra experiencia de lo Común es la copertenencia al surgimiento en la lengua , siempre fallido, en falta y tentado por las diversas promesas imaginarias de “autovalorizarnos” de tal modo que la verdad de nuestra fragilidad constitutiva se esconda para nosotros mismos. He aquí, a nuestro juicio, uno de los secretos que brindan su fuerza a la promesa del imaginario neoliberal.

Jorge Aleman.

El golpe a Lula.

Macri y Thatcher, la demonización de los pobres.

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Al igual que con Margaret Thatcher, en la Argentina de Mauricio Macri se demoniza a los pobres para imponerles condiciones injustas y evitar que resistan la humillación a la que son sometidos, hay que remontarse algunas décadas atrás para encontrar un gobierno que desprecie a los sectores desprotegidos como lo hace el macrismo con particular saña. El neoliberalismo manipula la democracia hasta convertirla en una parodia ridícula que excluye a las mayorías para asegurar un mayor lucro del minúsculo grupo de privilegio, a quienes no pertenecemos a esa oligarquía sólo nos queda resistir activamente y no dejarnos engañar en el momento de emitir el voto.

Owen Jones es un joven periodista inglés que a diferencia de muchos de sus colegas tiene firmes convicciones que lo han llevado a mostrar las miserias de la clase dominante de su país y asumir una decidida defensa de los sectores desprotegidos.

En su libro “Chavs: la demonización de la clase obrera” describe como los gobernantes de Gran Bretaña han promovido la denigración de la clase trabajadora a la que se han sumado sectores medios y altos, precisamente el término que aparece en el título es utilizado generalmente con esa finalidad, la palabra tiene la siguiente acepción “chav es una palabra insultante exclusivamente dirigida a gente de clase trabajadora”.

Pero lo que debería ocuparnos y preocuparnos a los argentinos es la similitud entre la demonización realizada en Gran Bretaña a partir del gobierno conservador de Margareth Thatcher con la que está impulsando actualmente en la Argentina el gobierno neoliberal de Mauricio Macri.

El autor comienza contando una experiencia personal, estando en una cena con amigos de clase media y de buena posición económica, los comensales comenzaron a burlarse de personas que tenían un nivel de vida muy inferior al de ellos, este comportamiento lo llevó a preguntarse “¿Por qué el odio a la gente de clase trabajadora se ha vuelto tan aceptable socialmente?”.

Jones llega a la conclusión que ese odio de clase hacia los trabajadores no es un hecho aislado sino que es el producto de una sociedad con grandes desigualdades.

Thatcher y Macri

Margareth Thatcher asumió como primera ministra en 1979, tuvo un inicio bastante complicado con un nivel de aceptación bastante bajo, hasta que la dictadura argentina decidió invadir las Islas Malvinas, que el gobierno inglés avizoró como una oportunidad que le venía como anillo al dedo para recuperar el prestigio perdido, el triunfo en Malvinas provocó un resurgir del patriotismo imperial inglés y le permitió a Thatcher levantar el grado de adhesión a niveles impensados.

Pero Thatcher recibió otra colaboración que ayudó significativamente a su reelección extendiendo su mandato hasta 1990, el principal partido opositor el Laborismo se dividió, este partido siempre asumió la defensa de la clase obrera y sostenía el Estado de Bienestar, el sector más derechista conformó el Partido Socialdemócrata que tiempo después se fusionó con el Partido Liberal del cual surgió el partido Liberal Demócrata.

En nuestro país también hubo un sector que colaboró primero con el triunfo electoral de Mauricio Macri y que estableció una política colaboracionista con su gobierno que posibilitó que el macrismo aplicara su política de ajustes sin demasiados contratiempos, nos referimos al Frente Renovador de Sergio Massa, al que Macri llevó a Davos al poco de asumir y presentó como el jefe de la oposición, mostrándole a los poderosos concurrentes a ese encuentro cual era la oposición que Macri pretendía.

Pero la lista de colaboracionistas se amplió constantemente, en especial con la ayuda del denominado cordobesismo de De la Sota y Schiaretti, en una muestra que el Partido Justicialista puede ser utilizado para los proyectos más reaccionarios y para componendas contrarias a los intereses de los trabajadores.

El ataque a la clase trabajadora

Margareth Thatcher se casó en 1951 con un acaudalado hombre de negocios, Denis Thatcher, que abogaba por la prohibición de los sindicatos, cuando llegó al gobierno formó un gabinete integrado, en casi su totalidad, por hombres provenientes de grupos de privilegio, el 88 % de ellos había concurrido a colegios privados, 71 % eran directores de empresas y el 14% grandes terratenientes.

Tal vez el gabinete de Mauricio Macri supere ese porcentaje en lo que se ha dado en llamar con absoluta justicia el gobierno de los CEOS, nunca como ahora se han producido tantos casos de conflicto de intereses, que no son investigados por el parcial Poder Judicial al servicio de las corporaciones ni por la Oficina en Defensa de la Corrupción que lidera Laura Alonso.

Otra característica del gobierno de Cambiemos es el elevado número de ex alumnos del Colegio Cardenal Newman, compañeros de estudios del presidente.

Con la llegada al poder de Thatcher comenzó un ataque sistemático contra los trabajadores barriendo las conquistas obtenidas a lo largo de los años, instituciones de la clase obrera fueron desmanteladas tales como los sindicatos y la vivienda social, comenzó una sostenida política de pérdida del empleo que le permitió conformar ese viejo deseo empresarial de contar con un ejército de reserva con una enorme cantidad de desocupados lo que posibilitaba además disminuir los salarios.

Con la llegada al poder de Thatcher comenzó un ataque sistemático contra los trabajadores barriendo las conquistas obtenidas a lo largo de los años, instituciones de la clase obrera fueron desmanteladas tales como los sindicatos y la vivienda social, comenzó una sostenida política de pérdida del empleo que le permitió conformar ese viejo deseo empresarial de contar con un ejército de reserva con una enorme cantidad de desocupados lo que posibilitaba además disminuir los salarios.

Durante su gobierno se aprobaron una serie de leyes que tenían por objetivo quebrar a la clase trabajadora, se permitía despedir a los huelguistas, hubo reducción de las indemnizaciones por despidos, fueron prohibidas las huelgas por solidaridad con otros trabajadores, se ahogó a los sindicatos imponiéndoles enormes multas.

Los primeros que se animaron a enfrentar la política neoliberal fueron los trabajadores del acero, quienes debieron padecer la salvaje represión de la policía y que su sindicato fuera embargado.

A continuación le tocó el turno a los mineros que eran el sindicato más poderoso de Gran Bretaña, su derrota derivó en una constante y acelerada pérdida de derechos, el 3 de marzo de 1985 concluyó la huelga minera que había durado un año.

Macri contra los trabajadores

Desde su asunción Macri desarrolló una política de agresión de los derechos laborales, aun cuando algunos sindicalistas prefieran hacerse los distraídos y otros actúan en cámara lenta.

Ni bien comenzó su administración, Cambiemos se lanzó a una prepotente caza de trabajadores estatales, hubo persecución ideológica, se ingresaba a las redes sociales para investigar las opiniones de los trabajadores.

Se denigró a los trabajadores a los que se acusó de ser ñoquis, en la mayoría de los casos sin mostrar una sola evidencia que evidenciara que los trabajadores no concurrían a sus lugares de trabajo. Otra acusación que era motivo de inmediato despido era la pertenencia a La Cámpora, en lo que fue una indisimulada persecución a quienes no adherían al gobierno de turno.

A pesar de los miles de despidos, el personal estatal no disminuyó porque los dejados cesantes fueron reemplazados por militantes del PRO, algunos con títulos ridículos con la sola finalidad de justificar enormes sueldos.

Se creó el cargo de Director de Movilidad en Bicicleta con un sueldo superior a los 70.000 pesos, los ñoquis del PRO cobran sueldos muy superiores a los supuestos ñoquis kirchneristas, obviamente un militante del PRO está acostumbrado a un nivel de gastos que no puede perder por sacrificarse en la administración pública. Por lo general quienes denostan contra el Estado han sido sus principales saqueadores.

Los estatales fueron sometidos a las mayores ignominias en declaraciones de los funcionarios de Cambiemos, el ex ministro Prat Gay declaró al poco de asumir y antes de ser eyectado de ese puesto: “Queremos un Estado sin la grasa militante”, al parecer nos militantes de Cambiemos no son grasa, eso si son bastante más caros.

Los estatales fueron sometidos a las mayores ignominias en declaraciones de los funcionarios de Cambiemos, el ex ministro Prat Gay declaró al poco de asumir y antes de ser eyectado de ese puesto: “Queremos un Estado sin la grasa militante”, al parecer nos militantes de Cambiemos no son grasa, eso si son bastante más caros.

En tanto el presidente declaró que el Estado se había convertido en un aguantadero, esas palabras surgidas de la boca de un empresario que forma parte de una familia que hizo su fortuna como miembro de la denominada “patria contratista”, son más que significativas ahora que el Estado fue invadido por reconocidos lavadores de dinero con cuentas off-shore que han lucrado perjudicando al grueso del pueblo argentino y actúan de una forma muy poco transparente.

La reciente revelación que el hermano del presidente blanqueó más de 600 millones de pesos y que también lo hicieron otros familiares de funcionarios PRO es una confirmación rotunda que ahora sí el Estado se convirtió en un aguantadero.

Egoísmo e individualismo

La política neoliberal impuesta por estos gobiernos tiene como una indefectible consecuencia la eliminación de cualquier sentimiento solidario y la imposición de una conducta gobernada por el individualismo y el egoísmo.

La pobreza dejaba de ser una cuestión social para convertirse en una situación propia de la conducta de aquellos que no podían acceder a lo indispensable para tener un nivel de vida digno, veamos que nos dice el autor del libro: “Problemas sociales como la pobreza y el desempleo en otro tiempo eran considerados injusticias derivadas de fallos internos del capitalismo que, como mínimo, debían abordarse. Pero hoy se han empezado a considerar consecuencias del comportamiento personal, de defectos individuales e incluso de una elección”.

Por esta maniobra dialéctica de las clases dominantes y sus fieles mercenarios, la pobreza era culpa de los pobres, y por eso no correspondía responsabilizar a los gobiernos ni a sus políticas, sino que era consecuencia de la incapacidad o la carencia de talento de los pobres.

Problemas sociales como la pobreza y el desempleo en otro tiempo eran considerados injusticias derivadas de fallos internos del capitalismo que, como mínimo, debían abordarse. Pero hoy se han empezado a considerar consecuencias del comportamiento personal, de defectos individuales e incluso de una elección.

Thatcher dictaminó que la pobreza había dejado de existir y que si existía era por culpa de los pobres, así lo decía: “En los países occidentales aún tenemos problemas que no son la pobreza. De acuerdo, puede que haya pobreza porque hay gente que no sabe administrarse ni gastar sus ingresos, pero ahí nos enfrentamos a un defecto de carácter fundamental”.

Y cuando ya llevaba siete años en el gobierno la primera ministra británica sentenció: “No existe una cosa llamada sociedad. Hay hombres y mujeres individuales, y hay familias”.

Por supuesto que los medios de comunicación juegan un papel fundamental en este sistema que denigra a los pobres, las principales figuras que trabajan en esos medios cobran cifras siderales que les permiten un nivel de vida que los alejan de los ambientes en los que viven las personas con serias carencias, desconocen la realidad en que viven estas personas y cuando se refieren a ellos sólo lo hacen con comentarios despectivos y descalificatorios.

Cuando Pinochet asumió la presidencia luego de encabezar un sangriento golpe de estado que implantó una dictadura nefasta declaró que su objetivo consistía en “hacer de Chile no una nación de proletarios, sino de emprendedores”.

El gobierno de Macri le ha otorgado un lugar destacado a la función de los emprendedores en la política económica, se reunió en Olivos con un grupo de ellos y a continuación impulsó una Ley de Emprendedores.

La exaltación de los emprendedores mientras se procedía a denigrar a los trabajadores y se impulsa una economía que deja en la calle a miles de trabajadores, es una muestra que el mismo gobierno alienta la solución individual y desprecia el accionar colectivo de los trabajadores.

Demonizar a los pobres

Veamos lo que nos dice Jones sobre la función que cumple la operación de demonización a los sectores desprotegidos: “Como hemos visto, demonizar a los menos pudientes hace más fácil justificar un nivel creciente y sin precedentes de desigualdad social. Después de todo, admitir que unas personas son más pobres que otras debido a la injusticia social inherente a nuestra sociedad requeriría la actuación del Gobierno. Defender que la gente es en gran parte responsable de sus circunstancias favorece la conclusión contraria”.

En la Inglaterra de Thatcher se veneraba la riqueza, aquellos que la poseían eran dignos de admiración, su éxito era producto de su capacidad, nunca de la explotación de otros seres humanos o de países distantes en los que sus riquezas eran saqueadas. Por supuesto que esa ideología y las medidas que de ella emanaban produjeron un incremento exponencial de la brecha entre pobres y ricos.

Los conservadores británicos recurrieron a la teoría del derrame sin llamarla de esa manera, lo denominaban flujo hacia abajo, alegaban que si llenaban los bolsillos a ricos algunos billetes se le caerían y podrían ser recogidos por los más pobres.

En Gran Bretaña se publicaron libros, aparecieron series, películas y sitios en Internet con la finalidad de burlarse de los chavs o directamente presentarlos como psicópatas, la clase media suele comprar y quedarse con esta imagen, repitiendo lo que esos medios le imponen a fuerza de repetición.

Por el contrario, la televisión y las revistas muestran la vida de ricos y famosos, para darnos la imagen de que la vida es eso, conseguir una mejor casa, un mejor auto y veranear en una isla paradisíaca, sin importar como se ha obtenido el dinero para lograr ese nivel de vida.

En cambio, la vida de los trabajadores es ignorada, esto ocurre de manera deliberada en el gobierno de Macri, cuando los medios oficialistas que monopolizan gran parte de las corporaciones de la desinformación ignoran las luchas obreras, los despidos cotidianos y la represión contra quienes protestan.

La demonización es por lo general seguida de una serie de recortes en los escasos beneficios que se mantienen vigentes hacia los sectores desprotegidos.

En el 2010 ya con el gobierno conservador de David Cameron se realizaron recortes en las comidas escolares gratuitas y en la ayuda de los jóvenes desocupados.

El gobierno de Macri produjo un festival de recortes algunos de ellos tienen un manifiesto componente de crueldad , por ejemplo se recortaron subsidios a discapacitados promovidos por la ministra Carolina Stanley que incrementó su patrimonio en un año en un 400%, aumento que le permitió adquirir en el año 2016 una casa por valor de un millón de dólares.

El gobierno de Macri produjo un festival de recortes algunos de ellos tienen un manifiesto componente de crueldad , por ejemplo se recortaron subsidios a discapacitados promovidos por la ministra Carolina Stanley que incrementó su patrimonio en un año en un 400%, aumento que le permitió adquirir en el año 2016 una casa por valor de un millón de dólares.

El macrismo también efectuó recortes en la entrega de netbooks en los colegios públicos, en el plan Progresar para que los jóvenes de 18 a 24 años que no trabajan o lo hacen en trabajos informales o cobran el salario mínimo, también hubo recortes en el PAMI en la prestación de medicamentos.

Chicas embarazadas y la canaleta del juego y la droga.

Durante el gobierno de Cristina Fernandez de Kirchner cuando se aprobó la Asignación Universal por Hijo (AUH), Ernesto Sanz, el enterrador de la Unión Cívica Radical, declaró que la AUH se “va por la canaleta de la droga y el juego” en una de la mayores expresiones de la demonización de los pobres.

El integrante del trio Midachi, ex candidato a gobernador en Santa fe por el PRO y ex embajador en Panamá designado por Macri, declaró que las jovencitas se embarazaban al sólo efecto de cobrar la AUH, Del Sel fue desmentido por el director del Hospital que él mismo había citado.

Muchas de estas descalificaciones de los pobres ya fueron realizadas en la Gran Bretaña thatcherista, aunque es justo reconocer que la brutalidad de Sanz tal vez no haya sido superada aún.

En Gran Bretaña ocurrió algo similar, el ministro de Seguridad decía en 1992: “Tengo una lista, tengo una lista de jovencitas que se quedan embarazadas para saltarse la lista de espera de una vivienda oficial”.

Owens Jones consultó a Fiona Weir que pertenece a una institución que trabaja con madres solteras que afirmó: “Contactamos con miles de madres solteras, pero por alguna razón las que encontramos no encajan con esta imagen típica. Cómo hacemos para evitarlas, no lo sé. En cuanto a las chicas de dieciséis y diecisiete años, no pueden acceder a una casa de protección oficial a esa edad. O bien viven con sus padres o bien ingresan en programas de alojamiento subsidiad”.

También en Inglaterra la gente que cobraba pensiones por discapacidad era puesta en la mira de los gobiernos y el periodismo al servicio de los poderosos, lanzando permanentes sospechas que muchas personas perfectamente sanas cobran esta pensión.

En la Argentina de Macri hubo un ataque salvaje para eliminar muchos subsidios a personas con evidentes discapacidades que le imposibilitaban trabajar, pero los burócratas del PRO disponían sin justificación alguna que no la merecían. Una cuestión que no ha sido suficientemente estudiada por psicólogos y sociólogos es el sadismo de este tipo de gobiernos.

Cómplices del opoficialismo

Así como Macri no hubiese podido aplicar su plan de destrucción y saqueo sin la colaboración de los Massa, De la Sota, Schiaretti, Pichetto, Bossio y Stolbizer, de igual forma Thatcher no hubiese podido actuar y llevarse a la clase obrera por delante sin la colaboración del Partido Laborista.

Un funcionario británico del Partido Conservador opinó: “El verdadero triunfo fue haber transformado no solo un partido, sino dos”.

Hubo un notorio giro a la derecha del laborismo aun cuando perdió a su ala de derecha que formó el Partido Socialdemócrata, el partido realizó esa transformación que quedó plasmada cuando le tocó retornar al poder con Tony Blair y luego con Gordon Brown.

Ese partido se hizo llamar Nuevo Laborismo como forma de diferenciarse de aquél partido que defendía los intereses de los trabajadores, este laborismo aggiornado les decía a los trabajadores que debían aspirar a convertirse en clase media y los alentaba a asumir una ideología que se asentaba en el individualismo.

A partir de asumir valores de sus adversarios el objetivo de todo trabajador debía ser enriquecerse y olvidar los caducos valores de la solidaridad, de lo contrario se los consideraba como personas sin aspiraciones y por lo tanto merecedoras de lo que les pasaba.

Gordon Brown un primer ministro laborista despidió a miles de empleados públicos por televisión en 2004, sin siquiera informar al sindicato.

Cuando llegó al gobierno Tony Blair expresó “La nueva Gran Bretaña es una meritocracia”.

La meritocracia implicaba que aquellos que ascendieran eran aquellos dotados de talentos que lo hicieran merecedor de ese avance, esto excluía la cuestión de las diferencias de las oportunidades, y de paso aseguraba que las desigualdades continuaran pero estas dependían de las capacidades y por lo tanto no había a nadie a quién cuestionar, sólo a sí mismo. Esto significaba un sustento de la conservación de la situación social porque quienes se encontraban arriba en la escala social lo estaban porque tenían un mayor talento.

El concepto de la meritocracia está directamente asociado a la promesa de movilidad social, los gobiernos en vez de crear las condiciones para que la clase trabajadora mejore en su conjunto, le promete que habrá posibilidades para que algunos de ellos puedan ascender. Jones lo señala con absoluta claridad: “La movilidad social puede significar ofrecer una vía para escapar de la pobreza, más que un intento de abolirla”.

El concepto de la meritocracia está directamente asociado a la promesa de movilidad social, los gobiernos en vez de crear las condiciones para que la clase trabajadora mejore en su conjunto, le promete que habrá posibilidades para que algunos de ellos puedan ascender. “La movilidad social puede significar ofrecer una vía para escapar de la pobreza, más que un intento de abolirla”.

No es casual que el gobierno macrista comenzó prometiendo que venía a instalar una meritocracia, esta palabra fue utilizada por casi todos los funcionarios del gobierno, lo hicieron Macri, Vidal, el ministro Ibarra, y a continuación el Estado fue copado por CEOS de poderosas empresas, que según la ideología neoliberal eran los únicos con méritos suficiente para gobernarnos.

La educación privada en Gran Bretaña es un reaseguro de ocupar un lugar entre los sectores privilegiados, de cada cien británicos sólo siete estudian en colegios privados, nacer en una familia con una situación económica holgada le otorga a sus integrantes una red de seguridad de por vida.

No importan los méritos si se proviene de esas familias, seguramente llegarán lejos en sus carreras, en cambio por más brillante que sea un niño nacido en una familia trabajadora las oportunidades son escasas o nulas, y muy difícilmente llegue a lograr un mejor nivel de vida que sus padres.

Los que no merecen nada

Pero mientras los empresarios se merecen todo, otros no merecen nada, desde el inicio del gobierno macrista Javier González Fraga fue un adelantado en advertirles a las clases bajas y medias, que durante una década los estuvieron engañando haciéndoles creer que podían acceder a ciertas cosas, pero no es así en un “país normal” ciertos consumos son sólo para algunos pocos. Luego de las discriminadoras declaraciones de González Fraga, Macri lo premió nombrándolo como presidente del Banco Nación.

González Fraga les advirtió a esos sectores que “le hicieron creer a un empleado medio que su sueldo servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior”.

En otra oportunidad insistió que se acabó lo que se daba: “el país no va a crecer como para permitirte gastar más en comida y más en energía, como combustible y gas, y que mantengas tus gastos de ropa, de entretenimiento y de salidas. No puede ser. Tenemos que enfrentar esa realidad”.

Pero mientras estas clases debían limitar su consumo, a los empresarios había que permitirles todo, así dijo: “Tener dinero afuera es casi una necesidad para sobrevivir” justificando las cuentas offshore del presidente, su familia, sus amigos y sus funcionarios.

Con David Cameron en el 2010 los Conservadores regresaron al gobierno, su gabinete de 29 miembros lo integraban 23 millonarios, el 59% había estudiado en colegios privados, tal vez un porcentaje menor al del gabinete de Macri.

Sus funcionarios retornaron con sus declaraciones denigratorias para los sectores más desprotegidos mientras se negaban las consecuencias nefastas que la política económica tenía para los trabajadores. Duncan Smith secretario de Estado para el Trabajo y las Pensiones de ese gobierno señaló que la pobreza era razón de la falta de disciplina, los problemas familiares y el abuso de sustancias.

Con David Cameron en el 2010 los Conservadores regresaron al gobierno, su gabinete de 29 miembros lo integraban 23 millonarios, el 59% había estudiado en colegios privados, tal vez un porcentaje menor al del gabinete de Macri.

Y un diputado conservador explicó: «Yo no intentaría hacer nada por corregir las desigualdades, porque las desigualdades se amplían por la gente que prospera; no por los pobres que se empobrecen, sino por los ricos que se enriquecen. Y francamente, mientras generen riqueza para la economía, ingresos fiscales y demás, a mí me parece bien”

También en Inglaterra se robaron el fútbol

En 1992 los veintidós clubes de Primera División se separaron de la Federación para conformar la Premier League, con esta separación evitaban repartir los ingresos con los otros clubes, de esa manera se adaptaban a la mentalidad mercantilista de la época y como consecuencia dejaban afuera del espectáculo a muchas personas de la clase trabajadora, en ese momento se expresó que el cambio estaba destinado a atraer a “más consumidores pudientes de clase media”.

Hubo un incremento de las entradas, y se le otorgó los derechos exclusivos de televisación de la nueva liga al magnate de los medios Rupert Murdoch, acusado reiteradamente por maniobras monopólicas y envuelto en escándalos por intervenir los teléfonos de personas famosas para obtener información de manera ilegal. Recordemos que Macri asumió la presidencia procesado por una causa por escuchas ilegales pero que la corporación judicial se apuró a desprocesarlo ni bien llegó a la Casa Rosada.

Muchas personas no pudieron acceder al pago elevado para ver a sus equipos por televisión, esto expresaba Jones en su libro: “Un deporte que durante tanto tiempo estuvo en el centro de la identidad de la clase trabajadora se ha transformado en un bien de consumo de la clase media controlado por millonarios arribistas”.

De haber estado González Fraga les hubiese dicho a los Ingleses “se creyeron que podían ver el futbol gratis”, precisamente el gobierno del que Gonzalez Fraga forma parte acaba de entregar el futbol a dos grandes cadenas internacionales, una de ellas FOX es de propiedad de Murdoch, y el gran beneficiado argentino es el grupo Clarín, maniobra consumada a pesar de la promesa del presidente que el Futbol para Todos iba a continuar. Esta gente se ha robado hasta el futbol.

La manera de conquistar a los pobres

Mientras los conservadores en Inglaterra y Argentina le quitan el trabajo, les bajan los ingresos y los reprimen, cuando llegan las elecciones necesitan cortejar a los pobres para que una porción de ellos los voten, como dice Jones a veces recurren al garrote pero otras veces a la zanahoria.

Uno de los recursos a los que apelan los neoliberales para ganar cierta simpatía de los más afectados por sus políticas es azuzar la cuestión de la lucha contra la inmigración.

Este accionar canallesco le permite a estos gobiernos eludir la responsabilidad por las políticas de ajustes que implementan con un particular sadismo para desviar la atención hacia los inmigrantes a los que se acusa de estar quitándole el trabajo a un trabajador nativo.

Mediante un decreto, Macri procedió a modificar la Ley de Inmigración que facilita la deportación de inmigrantes a los que mediante una campaña del periodismo mercenario se la asociaba con el delito. Pero el ataque más claramente racista contra la inmigración la produjo el senador del opoficialismo Miguel Pichetto quién se preguntó en un reportaje “Cuánta miseria se puede aguantar recibiendo inmigrantes pobres?”.

Las expresiones xenófobas del senador fueron apoyadas nada menos que por el Secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj, mostrando las coincidencias ideológicas de Pichetto con el macrismo.

La utilización del temor a la inmigración es una manera de escabullir la responsabilidad de los empresarios porque son ellos que prefieren contratar a inmigrantes a los que les pagan sueldos de hambre, muchos de ellos son explotados en talleres donde se producen las afamadas marcas que consumen las clases media y alta de nuestro país.

La utilización del temor a la inmigración es una manera de escabullir la responsabilidad de los empresarios porque son ellos que prefieren contratar a inmigrantes a los que les pagan sueldos de hambre, muchos de ellos son explotados en talleres donde se producen las afamadas marcas que consumen las clases media y alta de nuestro país.

Otra prédica neoliberal que a veces concita el interés de sectores desprotegidos es la mano dura contra la delincuencia, precisamente porque las políticas que producen desempleo tiene la inmediata consecuencia del incremento de la delincuencia, mientras en los barrios ricos se gastan fortunas en seguridad privada, las barriadas pobres no tienen esa posibilidad, siendo estos sectores los más afectados por el incremento de la delincuencia, por lo cual la promesa de mano dura contra la delincuencia genera ciertas expectativas.

Por supuesto que esos gobiernos de ninguna manera asocian el incremento de la delincuencia con sus medidas económicas, considerando también a la delincuencia como una elección individual.

Lo que el libro no menciona que haya pasado en Inglaterra pero que si ocurrió en nuestro país fue esa fabulosa estafa electoral por la cual Cambiemos hizo promesas que olvidó el primer día de llegar al poder: como pobreza cero, 82 % para los jubilados, eliminación del Impuesto a las Ganancias y mantenimiento de todas las medidas del gobierno anterior que beneficiaban a los más desprotegidos.

Milagro Sala y Santiago Maldonado

Entre cada elección, cuando no es necesario requerir el voto de los trabajadores, la principal política hacia los trabajadores consiste en reprimirlos, este gobierno lo hizo desde el inicio y además la intensificó cuando se percataron que hay una porción de la población que apoya la mano dura contra quienes protestan, crispación en la que colabora activamente el periodismo mercenario.

El macrismo reprimió a los trabajadores desde el comienzo de su mandato, lo hizo en Cresta Roja, con los docentes a los que se les negó la paritaria nacional y también con los despedidos en Pepsico.

La protesta está siendo criminalizada como se vio en la marcha de las mujeres por el colectivo Ni una menos y recientemente en la imponente manifestación reclamando por la aparición de Santiago Maldonado.

Las fuerzas de seguridad como las policías y la gendarmería se han convertido en los pilares de la política macrista, han llegado al extremo de enviar gendarmes a los colegios e infiltrar a sus agentes en las manifestaciones para que provoquen desórdenes que luego justifiquen la represión.

Si hay casos que ejemplifican de la manera más trágica la demonización de los pobres, esta se confirma con la detención injusta de Milagro Sala y la desaparición forzada de Santiago Maldonado.

Milagro Sala ha sido detenida por el Calígula jujeño, Gerardo Morales, por su digna actitud ante los poderosos y por haber logrado conquistas extraordinarias para los desamparados de siempre, no sólo se la detuvo desconociendo todos los derechos ciudadanos, también se procedió a destruir deliberadamente toda la obra destinada a los sectores más necesitados que la Agrupación Tupac Amarú realizó hasta el 2015.

Eso son cosas que la oligarquía no puede aceptar, que alguien surgido desde lo más bajo de la sociedad se les plante y les impida continuar con su régimen de explotación, la persecución a Milagro Sala es una manifestación malsana que intenta escarmentar a quienes no les dejan imponer sus condiciones de injusta desigualdad.

Por su parte la desaparición de Santiago Maldonado se concretó luego de reiterados atropellos de las Fuerzas de Seguridad contra el pueblo mapuche, hace unos pocos meses veíamos a un integrante de esa comunidad con el cuello destrozado por una bala de goma disparada a poca distancia.

Patricia Bullrich se ha convertido en la ministra de Represión siendo la principal responsable junto a la Gendarmería de la desaparición forzada de Santiago. Desde la dictadura que no se veía a un gobierno encubrir un acto ilegal de las fuerzas de represión. Fue Bullrich quien envió a su jefe de gabinete Pablo Nocetti para comandar la represión contra los mapuches, ingresando de manera ilegal a la comunidad para cazar a seres humanos.

Precisamente por eso no puede considerarse al gobierno, principalmente a Bullrich y Nocetti, como simples cómplices sino como coautores de este gravísimo delito de lesa humanidad.

Se demoniza a los pobres para imponerles condiciones injustas y evitar que resistan la humillación a la que son sometidos, hay que remontarse algunas décadas atrás para encontrar un gobierno que desprecie a los sectores desprotegidos como lo hace el macrismo con particular saña.

El neoliberalismo manipula la democracia hasta convertirla en una parodia ridícula que excluye a las mayorías para asegurar un mayor lucro del minúsculo grupo de privilegio, a quienes no pertenecemos a esa oligarquía sólo nos queda resistir activamente y no dejarnos engañar en el momento de emitir el voto.

Roberto SIlva.

Así el maneja la Pauta Oficial el gobierno PRO.

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Los $2.982.485.735 invertidos de enero a diciembre de 2017 muestran una sobre.ejecución del presupuesto inicial. Originalmente se planificó gastar $2.135 millones pero se destinaron unos $ 800 millones más. Por otra parte, las cifras arrojan un aumento del 22% respecto a lo gastado en 2016 -sin contemplar inflación-.

Para la segunda mitad del año 2017 los números muestran un gasto de $1.205.374.871 millones, unos $550 millones menos que el primer semestre. La distribución mensual muestra una profunda caída de la inversión en los meses de octubre, noviembre y diciembre -$318 millones en esos 90 días-. 

Presidencia de la Nación fue el organismo que mayor presupuesto utilizó para pautar en medios (44%) seguido de lejos por el Banco Nación (14%), el Ministerio de Justicia y DD.HH. (7,6%), la Secretaría de Energía (6,7%) y la AFIP (4,22%). En materia de campañas publicitadas, para “Haciendo lo que hay que hacer” –promoción de la gestión- se destinaron más de $350 millones, mientras que para Actos de Difusión de Presidencia se destinaron $95 millones, para créditos hipotecarios del Banco Nación $87 millones y para la campaña de ahorro energético fueron $75 millones, entre otros.

La promoción de la gestión y la imagen presidencial se exhiben como criterio dominante de contenidos a divulgar, antes que ofrecer información relevante para la ciudadanía (política crediticia para el déficit habitacional) o campañas de interés relevante (ahorro de energía).

Del total de lo invertido en el segundo semestre de 2017, $151 millones corresponden a canjes de deudas impositivas y previsionales realizadas por las empresas de medios. Los grupos que mayor cantidad de pauta recibieron por este mecanismo fueron Olmos ($38 millones), Pierri ($14 millones), Radio y TV de la Universidad de Córdoba ($10.9 millones), Indalo ($8.6 millones), Electroingeniería ($7.1 millones) y América ($5.6 millones).

Los grupos multimediáticos que recibieron mayor cantidad de pauta oficial en este período fueron Clarín ($200 millones), Viacom ($91.7 millones), América ($65.6 millones), Prisa-Albavisión ($57.3 millones) y Olmos ($42 millones). Pero si a Olmos se le descuenta lo canjeado, en el quinto lugar quedaría Turner (34.4 millones), empresa de capitales extranjeros que aumentó exponencialmente sus ingresos (470% en relación al primer semestre).

Grupos de medios con mayor cantidad de publicidad oficial en el segundo semestre de 2017.

La plataforma o tipo de medio preferido por el gobierno para publicitar en el segundo semestre de 2018 fue la TV Abierta (29,1%) seguida por la radio (18,9%), medios gráficos (16,6%), señales de cable (13,1%), vía pública (11,9%) e Internet (9,8%). Esta lógica de distribución sigue el patrón de comportamiento de las audiencias, que en su mayoría acceden a la TV Abierta, seguida por el resto de los medios, aunque es cierto que en pocas regiones del país se puede ver TV sin pagar.

Los medios que funcionan en la Ciudad de Buenos Aires concentran un 63% de los fondos (10% más que en el semestre anterior) mientras que los de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza juntos reúnen el 18% (llegaban al 36% en el primer semestre).

El Grupo Clarín es el actor que mayor cantidad de pauta recibe. Llegó al 16,6% al cierre de 2017. Mantiene altos niveles de concentración sobre el total de la torta, en directa relación a) con su dominio del mercado y b) con el criterio de pautar donde hay mayores niveles de audiencia sostenidos por la gestión Cambiemos e incluso de sus intentos regulatorios.

El estudio de los datos muestra cambios y continuidades. En materia de soportes, la prensa gráfica pasó del 35% del primer semestre de 2016 a menos de la mitad en el segundo de 2017. Esta diferencia tiene sus motivos en el crecimiento de lo destinado a Internet (del 4,6% al 9,8%), TV Abierta (17,7% a 29,1%) y cable (7,8% a 13,1%). Y encuentra relación en el comportamiento de las audiencias.


También hubo cambios en los grupos multimedios que más pauta reciben. Siempre en términos relativos –de participación sobre el total distribuido- La Nación es una de las empresas que más disminuyó (de 5,9% a 2,4%), junto al ¿ex? Grupo Indalo (de 8,3% a 2,6%), Electroingeniería (de 1,1% a 0,6%), El Cronista (de 1,2% a 0,6%) y Grupo Octubre (de 1,4% a 0,7% tras un primer semestre de 2017 con el 0,25%).

Entre los que crecieron se destaca a Viacom (de 4,8% -cuando Telefé y su cadena era de Telefónica- a 7,6%), Pierri (de 1,2% a 2,2%), Turner (0,27% a 2,86%) e Infobae (de 0,33% a 1,39%). Otros grupos muestran continuidad con leves descensos (Clarín, Global Mind –Facebook- y Google) o con leves aumentos (América y Prisa-Albavisión). Así pasamos de un top 5 con Clarín-Indalo-La Nación-Olmos-Telefónica en el primer semestre de 2016 a Clarín-Viacom-América-Prisa Albavisión-Olmos en el segundo semestre de 2017.

Uno de los cambios más grandes de los registrados en estos dos años sucede en publicidad digital. Se duplicó la inversión y se modificó la lista de sitios que reciben. Google y Facebook pasaron del 70% en el primer semestre de 2016 al 23% en el cierre de 2017. ¿Qué cambió? Aumentó la cantidad de fondos destinados a las webs de los principales portales de noticias del país. Tanto la web Clarín (4600%) como las de Perfil (2320%), La Nación (9600%) e Infobae (660%) multiplicaron exponencialmente sus ingresos. Sumados pasaron del 8,35% del primer semestre de 2016 (poco más de $3 millones) al 33,5% del segundo de 2017 ($40 millones). También creció de 104 a 291 la cantidad de sitios donde se pauta.


A partir del estudio se constata que los principales destinatarios de pauta oficial ($) son medios de grupos privados concentrados, con Clarín como dominante; que Cambiemos mantiene el mecanismo de canje de deudas (en general por aportes patronales) por espacios de publicidad, fundamentalmente en prensa gráfica; no se interrumpe la continuidad de la lógica medio amigo-enemigo como tampoco se rompe la continuidad de la absoluta discrecionalidad; que la centralización geográfica de los destinatarios guarda relación con la configuración del sistema de medios y que Cambiemos continua evitando la regulación de la pauta oficial a través de una ley del Congreso mientras se sigue autoregulando con una Resolución Ministerial.

Basado en datos de Agustín Espada y Santiago Marino (Letra P).

Macron desaira a Macri en su propuesta de Tratado Mercosur - Europa.

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La visita de Macri a una París inundada por la crecida del el río Sena está plagada de ratas. Se cierran túneles y caminos mientras los museos redistribuyen sus obras de arte para salvarlas del agua. Además fracasa la propuesta del ingeniero del acuerdo Mercosur - Europa y sigue vendiendo los atractivos turísticos argentinos como un vendedor de gafas en la playa.

A pesar de todos los gestos, deberes, exageraciones y promesas dirigidas a los dueños de Francia en el encuentro realizado en la sede del grupo banquero Rothschild, Macri vuelve a Argentina sin su quimérico anhelo de TLC (Tratado de Libre Comercio) entre el Mercosur y Europa: Emmanuel Macron ubicó en la realidad a Macri.

“Francia tiene la obligación de respetar el sector bovino y un acuerdo podría ser desestabilizador para ese sector excelente”
afirmó Macron durante la conferencia conjunta con Macri, tras la reunión bilateral.

En vísperas de la reunión el mandatario francés visitó a los agricultores del centro del país para asegurarles que había “líneas rojas” que Francia no cruzaría:
“No podemos hacer acuerdos que favorecen a un actor industrial o agrícola a miles de kilómetros, que tiene otro modelo social o medioambiental y que hace lo contrario de lo que nosotros imponemos a nuestros propios actores”
dijo Macron, mostrando una defensa de la economía de su país, algo que Macri desconoce.

Francia es el primer productor agrícola de la UE y el ingreso de carnes argentinas a menor valor podría generarle al país galo la pérdida de unos 30.000 empleos. Macron afirmó que “ni él ni su homólogo argentino tenían la capacidad de decidir”, sincerando que son los grandes grupos económicos los que toman las grandes decisiones.

Macri almorzó con empresarios en las oficinas del Grupo Rothschild a los que agradó con sus ofrecimientos: “El empresariado quería escuchar de boca del Presidente su compromiso con las reformas”, contó Olivier Pécoux, co-chairman del Grupo Rothschild, “escuchar definiciones directas de su boca es algo muy positivo”.

Del almuerzo participaron el Barón David René de Rothschild (presidente de los bancos Rothschild & Cie y NM Rothschild & Sons -hoy Rothschild Group- y del World Jewish Congress, entidad sionista global) los empresarios Alexandre Bompard (presidente de la cadena de supermercados Carrefour), Sven Boinet (vicepresidente del grupo hotelero Accor), Jean Paul Agon (presidente de L’Oréal), Serge Weinberg (presidente de la farmacéutica Sanofi) y Jacques Breton (vicepresidente de Arianespace, firma de tecnología de lanzamiento de cohetes). También escucharon a Macri Laurent Dassault (director de operaciones de Dassault Aviation, fabricante de aviones comerciales y de combate), Michaël Fribourg (presidente de Chargeurs, productora textil), Xavier Durand (presidente de Natixis, banco corporativo y de inversión), Simón Barceló (co-presidente de la cadena hotelera Grupo Barceló), Laurent Freixe (vicepresidente ejecutivo de Nestlé) y José Manuel González-Páramo (director ejecutivo del banco BBVA), Giovanni Castellucci (presidente de Atlantia, inversionista italiano en infraestructura vial), Jean-Louis Chaussade (presidente de la firma de servicios de agua Suez, a la que el Gobierno acordó pagarle un juicio por la estatización de Aguas Argentinas), Henri Popupart-Lafarge (presidente de la constructora de material ferroviario Alstom). Rothschild y Dassault comparten, además, la bodega mendocina Clos de los Siete.

El encuentro con los empresarios se realizó en el edificio del grupo Rothschild de la capital francesa y participaron el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet; el canciller Jorge Faurie; los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne; de Agroindustria, Luis Etchevehere.

“Estamos ante un nuevo escenario político con el final de la era populista y decidimos hacer esto sin una crisis económica, con reglas democráticas. Eso nunca había pasado antes en Argentina”, dijo Macri, ¿reconociendo de alguna manera la participación de la oligarquía argentina en los golpes militares que terminaron con los anteriores “ciclos populistas”?

Señaló que esa situación es una respuesta “a que los cambios se dan de abajo hacia arriba y representan la gran diferencia con otros momentos de la Argentina”.

¿Qué ofreció Macri a los empresarios en Francia?:


La París visitada por Macri está inundada por la crecida del río Sena. Esta crecida provoca una invasión de ratas a la capital francesa.

Uno de los grandes temas fue la explotación de Vaca Muerta: “hemos lanzado el desarrollo del yacimiento de Vaca Muerta, donde hay una roca de enorme calidad para explotar”, indicó. Habló de “750 mil kilómetros cuadrados” que el país tiene para desarrollar la actividad minera e indicó que existen “enormes potencialidades” de explotación. Remarcó también las grandes perspectivas que ofrece la extracción de litio en las provincias del norte, un tema que ha sido explicado en una anterior nota publicada por KontraInfo.


A raíz de las inundaciones parisinas, los museos rescatan las obras de arte y las elevan de los niveles subterráneos para su conservación. También decretan cierre de calles y túneles.

“Esperamos una gran presencia de empresas europeas, americanas y asiáticas”, dijo Macri y señaló las ventajas del sistema de Participación Pública Privada (PPP) en el proceso de inversiones, algo que ya fracasó en España y en Gran Bretaña, donde se originó ese sistema de asociación que Macri tanto promociona.


La París visitada por Macri sufre la visita de una plaga de ratas acorraladas por la creciente del río Sena.

Además del acuerdo UE-Mercosur, en la agenda también estuvo la compra por parte de Argentina de cuatro patrulleros marítimos, un negocio de 300 millones de euros.

Eugenio Zaffaroni: El plan económico de este gobierno conduce al 2001.

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El programa económico de este gobierno conduce a una crisis fuerte, sea en el mediano plazo o en el largo. Incluye producción con poco valor agregado, reducción del consumo interno y crisis de las pymes. Es decir, desempleo, lo cual hace que el programa sea socialmente insustentable y pueda derivar en más exclusión y, en especial, en más delitos contra la propiedad.

Por otra parte, el proyecto económico se sustenta en préstamos que están llegando a su fin, según advertencias de Christine Lagarde, directora general del Fondo Monetario Internacional. O sea que el proyecto es también financieramente insustentable.

¿Adónde vamos? Creo que si no se detiene este programa antes, vamos a un nuevo 2001 con consecuencias muy graves en todos los órdenes.

Un gobierno electo por supuesto tiene derecho a gobernar. Pero no a quebrar el Estado de Derecho, a criminalizar a toda la oposición y menos a provocar una catástrofe.

Nadie tiene hoy el poder para desequilibrar o desestabilizar al actual gobierno. Ningún partido. Ninguna fuerza política. Ni siquiera la CGT puede hacerlo. El gobierno tiene todo en sus manos y nadie, absolutamente nadie, lo puede conmover. El problema es, justamente, que la única desestabilización posible la provocará en el mediano o largo plazo el proyecto económico inviable del propio gobierno. Me limito a avisarles esto, aunque sé que para el gobierno todo aviso es inútil de momento. Contra eso tenemos que resistir, porque puede generar violencia y, aunque no la provoque, lo que veo difícil si no se frena antes, es absolutamente indeseable una situación de esta naturaleza.

Argentina 2001

Desde que conocí el proyecto económico vengo advirtiendo este riesgo. No lo digo ahora. Lo vengo diciendo desde hace dos años. Les digo a los argentinos que se cuiden, que no respondan con violencia a ninguna provocación. Estamos frente a un grupo de poder que sufre una ilusión óptica en su soberbia infinita, que camina hacia un precipicio y lo confunde con una selva tropical, que padece de alteraciones sensoperceptivas graves.

Es por eso que afirmo que cuanto antes se vayan mejor. Ojalá sea en el 2019. Pero si no sacan un poco el pie del acelerador de este camino al desastre, puede pasar algún accidente antes. Al menos tienen que desacelerar un poco. De lo contrario ellos mismos se van a poner al país de sombrero. Las experiencias históricas no tan lejanas de las crisis de programas similares muestran que estos accidentes finales no avisan y sus consecuencias son muy dolorosas.

En síntesis: lo político siempre puede resolverse, lo económico es más difícil, pero tiene arreglo a la larga (pese a que también produce dolor y es violencia social), pero lo único que no podemos resolver son los muertos, porque nadie los puede resucitar. Eso es lo que a toda costa debemos evitar. Debemos evitar la violencia venga de donde venga. Toda violencia, vista luego retrospectivamente, es insensata. Cuando la vemos desde la distancia de cierto tiempo, nos damos cuenta de que careció de sentido. Esto es lo primario. Lo demás, tarde o temprano se resuelve.

Eugenio Zaffaroni, Página 12.

El PRO de Macri profundiza el rumbo hacia un horizonte oscuro.

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Las federaciones de panaderos de la provincia de Buenos Aires discuten aumentos del pan del 15 al 20 por ciento para los próximos días. Evalúan el momento para hacerlo porque advierten que a la disminución estacional de la demanda se suma un nuevo bajón en el consumo. También surgieron señales preocupantes como el aumento de cheques rechazados y el alargamiento de la cadena de pagos. Los incrementos en el gas, la electricidad, los combustibles, la harina, los insumos que se mueven al ritmo del dólar como los conservantes, colorantes o el huevo pasteurizado recalientan la estructura de costos del sector. En Córdoba se definió un alza del pan del 13 por ciento la semana pasada y de las pastas del 10 por ciento. 

El shock inflacionario de diciembre, con un avance del IPC nacional del 3,1 por ciento, se prolongará en el primer trimestre del año con subas que promediarán no menos de 2 puntos por mes hasta marzo. El sacudón ocasiona una caída del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones en un contexto de contracción del consumo masivo que ya lleva más de dos años. En 2016 las ventas de alimentos, bebidas, artículos de tocador y limpieza cayeron entre 5 y 7 por ciento, según mediciones de consultoras especializadas y cámaras empresarias, en tanto que en 2017 esas ventas volvieron a bajar un 1 por ciento de acuerdo a las mismas fuentes. 

Para este año, las proyecciones iniciales eran de estancamiento o de una ligera recuperación del 1 por ciento, en función de que por cada 3 puntos de crecimiento del PIB, el consumo popular trepa 1 punto. Sin embargo, el golpe del verano y las previsiones de una actividad económica que se movería en el rango del 2 al 2,5 por ciento (el FMI estima esta última cifra) configuran un escenario otra vez sombrío, donde el consumo masivo podría volver a caer. Es una dinámica que expone ganadores y perdedores claros del modelo económico de Cambiemos. Lejos de corregir el rumbo, dos señales de esta semana confirman que la intención oficial es profundizarlo. La primera es la presión de los funcionarios para establecer un techo del 15 por ciento en las paritarias sin cláusula gatillo. La segunda es la consagración de la timba financiera a escala nacional con la autorización para que cualquier actividad comercial o individuo abra su propio uber cambiario de compra y venta de divisas. Ni Martínez de Hoz ni Domingo Cavallo se animaron a tanto.

Del lado de los ingresos el panorama va de regular a malo. En el caso de los jubilados, desde que cobraron el último aumento en septiembre del año pasado y hasta que vuelvan a recibir una actualización en marzo próximo se habrán acumulado entre 13 y 14 puntos de inflación. El ajuste previsto en marzo, el primero con la nueva fórmula de movilidad, será del 5,7 por ciento. A eso se agrega por única vez un bono de 750 pesos para quienes hayan completado 30 años de aportes y ganen más que la mínima (estos últimos ya tuvieron un avance hasta el 82 por ciento del salario mínimo vital y móvil este mes). Son alrededor de un millón de beneficiarios, sobre un universo de 6,5 millones. En su caso, lograrán empardar o estarán un par de puntos por arriba de la inflación acumulada. En cambio, quienes se jubilaron por moratoria o computan años por declaración jurada cobrarán un bono de 375 pesos y su haber quedará entre 2 y 3 puntos debajo de la inflación del semestre analizado. Eso consolida una pérdida global de entre 8 y 9 puntos de capacidad de compra desde que Mauricio Macri llegó al poder. Es una retracción que quedará cristalizada en el tiempo por la decisión del Gobierno de que las jubilaciones acompañen a la inflación, salvo que los salarios de los trabajadores activos -que computan en un 30 por ciento en la nueva fórmula de movilidad- peguen un salto, pero con las autoridades apretando el torniquete de las paritarias parece más bien improbable. En una situación similar se encuentran unos 3,8 millones de titulares de la Asignación Universal por Hijo, quienes se manejan con la misma movilidad y accederán en marzo a un bono por única vez de 400 pesos. Son sectores que además tomaron masivamente los créditos de Argenta el año pasado antes de las elecciones y ahora están en la etapa de saldar las cuotas.

En el escenario laboral las cosas no van mucho mejor. El Centro de Estudios del Trabajo y el Desarrollo (Cetyd) explica en su último informe que la recuperación del empleo es más lenta que la experimentada en las dos fases recesivas anteriores, en 2009 y 2014. Esa lentitud aumenta la presión sobre las personas sin trabajo para aceptar condiciones de contratación más precarias o peor pagas. Las caídas de la economía en 2009, 2014 y 2016 demandaron luego ocho trimestres para alcanzar un nivel de actividad igual o mayor al momento previo al inicio de la crisis. Sin embargo, en 2010 cuando la recesión había pasado la creación de empleo registrado superaba en 0,7 por ciento el momento base. En 2015, tras los ocho trimestres, el empleo registrado había aumentado 2,9 por ciento desde el punto de caída. En 2017, por el contrario, superada la recesión en el tercer trimestre, la ocupación seguía mostrando una caída del 0,5 por ciento contra 2015.

Otro dato relevante del documento del Cetyd, vinculado con lo anterior, es el siguiente: el 49 por ciento de los trabajadores que consiguieron empleo el último año son subocupados. 220 mil en total, según datos oficiales. “Los asalariados informales obtienen un ingreso horario inferior en un 27 por ciento al de los asalariados formales por la misma tarea, antigüedad, lugar y perfil del trabajador”, puntualiza el instituto que dirige Carlos Tomada. Es decir que casi la mitad de los nuevos trabajadores ganan bastante menos que los deprimidos salarios de los empleados en relación de dependencia.

Diego Schleser, analista del Centro, apunta otro dato en la misma dirección. “La cuestión más importante son las diferentes modalidades que explican el crecimiento del trabajo formal en las distintas etapas. En 2015, de un total de 158 mil nuevos ocupados, 144 mil lo hicieron en puestos asalariados. En cambio, en 2017 más de la mitad de quienes se incorporaron a la economía formal lo hicieron a través del monotributo. Fueron 98 mil, contra 84 asalariados”, indica el paper. Esta es una forma del sector empresarial de abaratar costos laborales en detrimento de ingresos y derechos de los trabajadores. La reforma laboral que busca aprobar el Gobierno institucionaliza las contrataciones por tiempo parcial.

En resumen, en esta etapa el empleo se movió más lento, con más subocupados, más monotributistas y menos trabajo industrial -a octubre se reporta aún una disminución de 65 mil puestos fabriles en relación a 2015- que en las salidas de las recesiones de 2009 y 2014. Todo ello comprime la recuperación de la masa salarial y, en consecuencia, del consumo masivo. Todas las semanas, además, se anuncia el cierre de nuevas plantas, lo que permite advertir que la situación no mejora sustancialmente. Si a eso se agregan continuas dosis de ajustes de tarifas y precios, las perspectivas de salida se acotan todavía más. “En el exterior más bien recibimos elogios”, declaró sin embargo esta semana el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, desde los Alpes suizos, adonde la realidad evidentemente se aprecia con más glamour.

David Cufre, Página 12.

La caída de imagen de Macri y su gobierno.

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La totalidad de los consultores en campañas electorales coinciden en que existe una nítida caída de la imagen del gobierno y del presidente Mauricio Macri que lo ubica entre 40 y 42 puntos, uno de los promedios más bajo desde que asumió. Algunos la sitúan en diez puntos y otros incluso piensan que la pérdida es mayor. Pero el punto de debate entre los consultores-encuestadores está en si la caída es coyuntural o se trata de un fenómeno que llegó para quedarse. En esa polémica, están los que opinan que la administración Macri aprovechó el triunfo electoral para imponer medidas de ajuste –suba de tarifas, recorte jubilatorio– y está por verse si puede recuperarse. Otros, en cambio, son más contundentes: piensan que el Gobierno está perdiendo la confianza de sus propios votantes, en especial porque no se ve ninguna recuperación económica o porque ya no se transmite convicción en el rumbo del denominado cambio. Es un debate abierto y las posiciones están planteadas. PáginaI12 dialogó con ocho de los consultores más conocidos del país.

Roberto Bacman, titular del Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP), sostiene que“la decisión de aprovechar las consecuencias del triunfo electoral para instalar un nuevo ajuste le produce un alto costo al gobierno. Por consiguiente, no debe extrañar a nadie que la imagen positiva del presidente tienda a la baja, con una pérdida de nueve puntos en estos meses y 15 puntos menos que a principios de 2016. A esta altura de los acontecimientos no puede decirse que es una simple cuestión coyuntural. Las inversiones no llegan, la economía no arranca, la Argentina se endeuda cada día más, lo que se gana no alcanza para llegar a fin de mes, la temida inflación está con fuerte tendencia al crecimiento y además hay una sensación de que la marcha de economía tiene un rumbo impredecible”.

Enrique Zuleta Puceiro, al frente de Opinión Pública Servicios y Mercados (OPSM), cree que el punto clave no está en los resultados concretos de la economía sino en que se perdió la confianza en el sentido del cambio. “La caída en la opinión publica del gobierno y el Presidente es mayor de lo que la mayor parte de las encuestas hasta ahora publicadas indican. Entre los factores para tener en cuenta, el principal es tal vez la súbita dificultad del gobierno para seguir proyectando una imagen de seguridad en la dirección de sus políticas. Esto es algo decisivo que determina la suerte de todo gobierno. Mientras que se es capaz de proyectar un sentido claro de la orientación –desde donde se viene y hacia donde se va–, la sociedad acompaña, al costo que sea, y aun sin datos que avalen su confianza. A la inversa, cuando ese sentido de la dirección se pierde, la sociedad retrocede, se protege y deja de acompañar al gobierno. El gobierno hasta ahora la tuvo, a pesar de la ingenuidad y pobreza de sus estrategias comunicacionales. La perdió a lo largo de una rápida sucesión de errores. Creo que una clave fue imponer reformas mal estudiadas y articuladas, que al menor traspié en la negociación eran rápidamente consensuadas.”

Analía Del Franco, de Del Franco Consultores, considera que el final es abierto y que la mirada hay que ponerla en el mes de marzo. “Efectivamente en estos dos últimos meses su nivel de aprobación descendió desde los niveles que tenía con el alto impacto favorable causado por el resultado de la ola amarilla. Hoy se encuentra en la posición con la que arrancó las elecciones en 2017. La mirada pesimista es no haber podido retener ese plus logrado en octubre 2017. La mirada optimista es que aprovechó este plus para tomar decisiones no populares como el ajuste previsional. La prueba de fuego es marzo, para este y cualquier otro gobierno. La llegada de las obligaciones de compra, el comienzo de las clases y una mirada del año en perspectiva justo en un momento crítico. El gobierno de Cambiemos ya pasó por esta situación en marzo del 2017 y se recuperó. Claro que pasó un año y revalidar ahora la confianza no es igual.”

Facundo Nejamkis también deja abierto el diagnóstico. El consultor de Opina Argentina sostiene que “la agenda de reformas que el gobierno ha propuesto para el año 2018 es muy difícil de asociar con un mejoramiento concreto e inmediato de las condiciones de vida. La conflictividad alrededor de cuestiones tales como la reforma laboral o la reforma jubilatoria, sumadas a un estado actual de la economia que tampoco la opinión publica visualiza de forma positiva, tiene como efecto el descenso de la imagen del gobierno y del presidente. Es probable que esta agenda se haya decidido en virtud que estamos frente a un año no electoral. Veremos si el gobierno esta dispuesto a pagar los costos y si luego tiene estrategias de recuperación”.

Ignacio Ramírez, director del posgrado de Opinión Pública de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), analiza que ya había una especie de caída tácita incluso en tiempos del triunfo electoral de Cambiemos. “La caída de la imagen del gobierno es posterior a las elecciones. Aquí sugiero revisar y corregir una falsa y apresurada conclusión según la cual las diferentes crisis y errores cometidos por el Gobierno ‘le salían gratis’. La opinión pública no reacciona automáticamente, nunca modifica inmediatamente sus opiniones, pero eso no significa que los asuntos públicos resbalen y se evaporen, sin dejar marcas. Por citar un ejemplo, imágenes como la ausencia insensible del Presidente frente a la crisis del ARA-San Juan (una reacción inédita en términos de comunicación política) se almacenan en la opinión pública y van incubando dudas, malestares. Y luego la reforma previsional fue la iniciativa que terminó de cristalizar un enojo que la opinión pública venía balbuceando en voz baja y que el Gobierno no alcanzó, o no supo, escuchar a tiempo. También pesa el fin de la pesada herencia como marco narrativo efectivo para desviar las atribuciones de responsabilidades y postergar en la gente la espera de resultados.”

Ricardo Rouvier, de Rouvier y Asociados, hace una clara distinción entre lo coyuntural y lo estructural. Y concluye que Cambiemos está empezando a tener problemas de fondo. “Hay dos niveles que casi siempre se presentan en la conformación de la opinión pública: una línea más coyuntural , que es una línea punteada, más sensible y más cambiante; y otra más profunda de mayor consistencia y duración. El gobierno a partir de diciembre tuvo una caída provocada por aspectos de corto y mediano plazo. En primer lugar, la ley previsional fue sentida como una exacción a los jubilados y pensionados. Esto fue el factor principal del cambio de tendencia a lo que se agregó el ajuste de tarifas y luego lo del ministro Triaca. En lo profundo, hay otra cuestión relacionada en parte con lo anterior, pero de mayor envergadura. Es el comienzo de un desencantamiento en el universo de votantes de Cambiemos respecto a los resultados de la economía. Parte de la sociedad esperaba una rápida recuperación que pueda ser vivida y sentida por los ciudadanos; pero eso no ocurre y la esperanza empieza a ser desplazada por la desilusión.”

Artemio López, de Equis, sostiene que la caída no es para nada coyuntural. “No es un pérdida coyuntural en tanto las medidas socioeconómicas que provocan la caída en la popularidad no lo son. Agregaría que el descenso de la aceptación impacta sobre Macri y se expande a sus principales referentes, en especial la gobernadora Vidal, cuyas medidas de ajuste sobre los ingresos familiares (vía aumento de servicios y tarifas) son muy profundas y en muchos casos imposibles de afrontar para amplios segmentos de hogares de clase media baja y baja.”

Fernando Zack considera que hay una política del oficialismo de aplicar medicina amarga después del triunfo electoral, pero percibe que puede utilizar lo acumulado este año para imponerse en los comicios presidenciales del año próximo. “2018 no es año electoral y, por lo tanto, Cambiemos lo va a aprovechar para implementar una serie de medidas impopulares que le permitan reducir el déficit fiscal y las necesidades de endeudamiento. Es de esperar que durante este año los niveles de apoyo al Gobierno nacional se deterioren aunque eso no implique necesariamente el fortalecimiento de algún dirigente o coalición opositora. El objetivo de Cambiemos es iniciar 2019 con la economía creciendo y la billetera del Tesoro más abultada para poder financiar las buenas noticias necesarias para ganar una elección presidencial.”

Como se ve, el diagnóstico está discutido. La mayoría de los consultores creen que la administración Macri puede recuperarse pero que las cosas ya no serán como antes. Todos coinciden en que gran parte de las respuestas están en la economía, pero –al menos por ahora– desde la economía las respuestas no son buenas.

Raúl Kollmann, Página 12.

Como Macri desguaza el Estado y lo vende a los amigos.

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Siempre supimos que uno de los móviles -sino el fundamental- del programado vuelco de Macri a la política es la absorción del Estado desde sus empresas, razón neoliberal per se. Hemos visto que decenas de sus más de 200 causas judiciales al momento de su asunción presidencial devienen de irregularidades en su rol empresarial sobre la obra pública y su relación con el Estado argentino. Avianca, el Correo Argentino, el soterramiento del ferrocarril Sarmiento y su sociedad con Odebrecht, Swiss Medical, los peajes de las autopistas son algunas de las más públicas e indisimulables maniobras en este sentido, el de absorber cual sanguijuela privada las estructuras funcionales del Estado. En esta nota, Federico Basualdo, ex director del Ente Nacional Regulador de la Electricidad, cuenta en detalle como TRANSENER, empresa que posee el monopolio de la red de transporte eléctrico en 500 kv que controla 14.000 kilómetros de red a lo largo del país, sale del Estado y cae (comprada) en manos de amigos presidenciales.

La “sana competencia” o la existencia de “un mercado diversificado y competitivo que no justifica la intervención estatal” son algunos de los eufemismos que la actual administración suele desempolvar del arca originaria de las privatizaciones. Casualmente, en el Decreto 882-17, publicado el 31 de octubre de 2017, el presidente Mauricio Macri ordena, entre otras cosas, la venta de la participación del Estado nacional en distintas empresas del sector eléctrico. En algunos casos (Central Puerto, Central Térmica Güemes, Central Dique, Centrales Térmicas Patagónicas, TRANSPA), la presencia estatal es el resultado de los resabios no deseados de la ola privatizadora de los noventa, mientras que en otros casos (Central Termoeléctrica Manuel Belgrano, Central Termoeléctrica José de San Martín, Central Termoeléctrica Vuelta de Obligado y Central Termoeléctrica Guillermo Brown), la tenencia accionaria del Estado responde a su activa participación en proyectos de infraestructura durante el gobierno anterior.

Un caso paradigmático es el de TRANSENER, no sólo por su importancia estratégica, sino porque por decisión del actual gobierno el Estado amplió su participación accionaria en esta empresa en septiembre de 2016. Por la compra de la participación de Electroingeniería en esta transportista, el Estado desembolsó 27 millones de dólares. La decisión oficial fue celebrada en su momento por distintos funcionarios del gobierno, en particular por el presidente de ENARSA, Hugo Balboa, que entonces afirmó: “Se trata de una compañía que representa el monopolio del transporte en todo el país. Es un activo en el que el Estado debe tener un rol de co-control”. Efectivamente, TRANSENER posee el monopolio de la red de transporte eléctrico en 500 kv, controlando más de 14.000 kilómetros de red a lo largo de todo el territorio nacional. Si el Sistema Interconectado Nacional es el complejo entramado que abastece de energía eléctrica a casi todas las provincias de la Argentina (excepto la isla de Tierra del Fuego), TRANSENER es la estructura básica que garantiza su transporte.

Como en la mayoría de las empresas del sector, la composición accionaria de este activo estratégico fue variando desde la conformación de la sociedad anónima, al calor de la ola privatizadora de los años ’90. En la actualidad el Estado Nacional es co-controlante de TRANSENER, junto con Marcelo Mindlin (titular del emporio energético Pampa Energía), ya que retienen el 51% de la propiedad a través de la empresa CITELEC, de la que participan en partes iguales. A su vez, la ANSES participa con el 19,57% de las acciones de TRANSENER, mientras que el 29,43% restante cotiza en la bolsa de Buenos Aires. La presencia mayoritaria del Estado garantiza no sólo el control sobre el rumbo de la empresa monopólica, sino que en el marco de la denominada “recomposición tarifaria”, asegura ingentes ingresos al erario público.

Luego de algunos meses de reflexión, el presidente de la Nación considera en el Decreto 882-17 que “el involucramiento del Estado Nacional o ENARSA en carácter de accionistas de empresas dedicadas a dicha actividad (el transporte de energía eléctrica) no resulta necesario para garantizar la prestación del servicio”, y por lo tanto ordena la venta de las acciones del Estado en CITELEC. Poco duró el ensueño populista de algunos funcionarios de Cambiemos, y se impuso la estrategia empresaria de los privados, donde el Estado compra para vender todo junto.

La pregunta obligada es qué pasará con la participación de la ANSES. ¿Utilizará el presidente la asidua estrategia empresaria de Cambiemos, de ignorar los impedimentos legales para que luego se judicialice el hecho consumado­?

Servida en bandeja, sería por lo menos desprolijo que Pampa Energía se hiciera de las acciones del Estado en CITELEC, pero a esta altura queda claro que el elegido no será producto del azar de la compulsa pública. Seguramente, algún socio local o extranjero del pujante conglomerado energético se encuentra arrimando posiciones. Quien logre llegar a la meta, no sólo será el co-equiper de Mindlin en el manejo de la transportista, sino que también conducirá a su controlada Transba, encargada del transporte de energía eléctrica en toda la provincia de Buenos Aires.

Casualmente, fuera del área metropolitana, la distribución de energía eléctrica en la provincia de Buenos Aires se encuentra concentrada en manos de un grupo de sociedades conducido por Luis Pablo Rogelio Pagano: un fiel colaborador de Marcelo Mindlin en el Grupo Dolphin S.A., con el que desembarcaron en el negocio energético a inicios de los años 2000. Hace tiempo que comparten, entre otras cosas, vecindad en el exclusivo complejo de oficinas ubicado en Ortiz de Ocampo 3302, además de una antigua costumbre de asociarse con capitales extranjeros (y locales) de titulares difícil de identificar.

Durante el último año y medio, Pagano y asociados desembolsaron en dos operaciones casi simultáneas cerca de 450 millones de dólares para quedarse, en noviembre de 2016, con las distribuidoras EDES (sur de la provincia de Buenos Aires) y EDEN (norte y centro de la provincia de Buenos Aires), y en un segundo movimiento en marzo de 2017, con EDEA (Mar del Plata) y EDELAP (La Plata).

Con la compra de esta última empresa, que distribuye la energía eléctrica en la capital provincial, sede administrativa de la gobernadora Vidal, Pagano y asociados adquirieron el 51% de la generadora Central Dique S.A. El 49% restante se encuentra en manos del estado nacional. Al igual que con TRANSENER, el presidente instruyó, por medio del Decreto 822-17, al Ministro de Energía para que se deshaga de esta participación accionaria, garantizando que Central Dique S.A. sea administrada por “agentes privados en un mercado diversificado y competitivo, regido por normas legales y reglamentarias”.

FUENTE: EL COHETE A LA LUNA.

Más aumentos en transporte, luz, gas, prepagas y peajes.

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Después de los tristes anuncios desmentidos sobre los horizontes inflacionarios de 2018 llegan las primeras atenciones del gobierno PRO para con sus gobernados y a partir del 1 de febrero (2018) rigen los primeros aumentos del año: boletos de colectivos, boletos de trenes, facturas de luz, facturas de gas, medicina prepaga y peajes.

El boleto más caro de colectivo pasará a costar $9,50 pesos y el de tren $8. Entra en vigencia el boleto Red SUBE, que permite que quienes realicen combinaciones de transporte (20% de población) obtengan descuentos después del primer viaje. En febrero también aumentan las tarifas de luz y las prepagas y además, en abril habrá otro incremento del gas, un fuerte aumento en el pasaje de subte y seguirá el ajuste en colectivos y trenes.

El boleto mínimo de colectivo, que aplica para viajes de hasta 3 kilómetros, pasará de 6 a 8 pesos, una suba de 33,3%. En el tramo de 3 a 6 kilómetros, el boleto subirá de 6,25 a 8,25. El pasaje de 6,5 pesos pasa a 8,5 y el de 6,75, a 9 pesos. El boleto que permite viajar más de 30 kilómetros sube de 7 a 9,5 pesos. Se trata del primero de los tres aumentos que alcanzará al transporte durante 2018. En junio, el recorrido más corto escalará hasta los 10 pesos, un avance del 66,6% frente a los 6 pesos actuales. 

En el caso de los ferrocarriles, los ajustes dependen del ramal. En las líneas Sarmiento, Mitre y San Martín, por ejemplo, el recorrido más corto pasará de4 a 5,50 pesos en febrero, 6,25 en abril y 6,75 pesos en junio, 68,7% más. En las líneas Belgrano Sur y Roca, el boleto mínimo de 2 pesos pasará a 2,75 y la siguiente sección subirá de 3 a 4 pesos.

En el caso del subte, como todavía resta la realización de la audiencia pública a cargo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el pasaje recién subirá en abril. Legará a 11 pesos y a partir de junio alcanzará los 12,5 pesos, para computar una escalada del 66,7% a mediados de año.

Este mes también aumentarán las tarifas de luz, con subas de entre el 18 y 28 por ciento según el nivel de consumo. En la zona metropolitana, concesionada a las distribuidoras Edenor y Edesur, los aumentos serán del 18% para el 90% de los usuarios y del 28% para el 10% restante. Este nuevo aumento se suma al acumulado desde diciembre de 2015, que osciló entre un 800 y 1200%.

"Estamos pagando la luz más cara, con el agravante de no tener servicio. Hubo un incremento del 66 por ciento en cortes de energía y siniestros relacionados con Edesur y Edenor. El gobierno fracasó desde el punto de vista de los habitantes y del consumidor. Las beneficiadas fueron las empresas, que obtuvieron ganancias por 7400 millones de dólares sin poner un solo peso", advirtió Osvaldo Bassano, presidente de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (Adduc).

Por su parte, las empresas de medicina prepaga aplicarn un aumento del 4% en los valores de sus cuotas. El ajuste se monta sobre el alza de 31,3 desplegadas en 2017, suba que llega al 96% desde que Macri asumió la presidencia. 

También los peajes de la Autopista Ricchieri suben a fines de febrero. En la nueva franja horaria "Valle" la tarifa es ahora de 20 pesos para autos y 28 para camiones. En el horario "Congestión", es de 25 pesos para los autos y desde 33 pesos para camiones. En "Hora Pico" la tarifa para los usuarios de automóviles pasa de 15 a 20 pesos y los camiones abonan 28 pesos. 

La catarata de aumentos tiene impacto no sólo en los bolsillos sino también en los índices de inflación, lo cual complica de entrada el cumplimiento de la meta de inflación anual que puso del Banco Central, del 15%. Según las estimaciones de las consultoras, el avance de los precios podría ubicarse entre 2,5 y 3,0% en febrero, empujado por el transporte.

Los negocios personales del equipo PRO.

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Las políticas llevadas adelante por Cambiemos en sus primeros dos años de gestión, estuvieron directamente diseñadas para beneficiar a su equipo. Dólar futuro, blanqueo de capitales, devaluación, tarifazo e inversiones de LEBACs, son sólo algunos ejemplos. Uno por uno, los funcionarios que engordaron sus cuentas gracias a Macri.

En sus primeros dos años de gestión, el presidente Mauricio Macri y sus funcionarios enriquecieron sus patrimonios, los de sus familias y también los de sus empresas en sumas millonarias, como consecuencia de las decisiones que ellos mismos tomaron desde sus escritorios.

Dólar futuro, blanqueo de capitales, devaluación, tarifazo, inversiones de LEBACs y en acciones de empresas amigas de la Casa Rosada, fueron tan solo algunos de los instrumentos utilizados por los integrantes del gabinete para obtener una rentabilidad extraordinaria. Gracias al ejercicio del Gobierno al que arribaron por la vía del voto popular, lograron obtener más de 1.000 millones de pesos y legalizar otros 2.000 en cuestión de meses.

Con cada determinación, Macri se aseguró que exista un gran beneficiado de su equipo. El reparto incluyó, como no podía ser de otra forma, a su propia familia, por la que fue a negociar en forma personal a China. Otro de los grandes jugadores fue el ministro de Finanzas Luis Caputo, el responsable del acuerdo con los fondos buitres, que en un abrir y cerrar de ojos se llevó 700 millones de pesos para la empresa que fundó, pero que ya entrado el Gobierno no quiso quedarse afuera de ninguna oportunidad: invirtió millones en Edenor, TRANSENER y Transportadora de Gas Cuyana, empresas que dispararon su cotización tras los tarifazos. Hasta se dio el lujo de comprar millones en LEBACs, aprovechando la rentabilidad otorgada por Sturzenegger.

La familia Peña Braun tampoco quiso quedarse por fuera del reparto y se anotó en la exportación de carne premium a Europa, un negocio que supera los 30 millones de dólares anuales, desbancando de un momento a otro a las grandes compañías del mercado. Mientras que el titular de la Sociedad Rural devenido en ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, también recibió su premio por haber ayudado a Cambiemos a llegar al poder.

El Cohete A La Luna se propuso hacer un repaso detallado de cada una de las decisiones gubernamentales que se transformaron en operaciones personales:

Dólar futuro
El puntapié inicial, que funcionaría como una premonición de lo que vendría, comenzó tan solo 72 horas después que la nueva administración pusiera un pie en Casa Rosada. El domingo 13 de diciembre de 2015, el secretario de Coordinación Interministerial, Mario Quintana, se reunió con el entonces secretario de Finanzas Luis Caputo para decidir el precio al que se pagarían los contratos de dólar futuro adquiridos por ellos mismos y por gran parte del gabinete en los meses previos a las elecciones.

Esa tarde se sellaría en el ministerio de Economía uno los negociados más espectaculares de la historia financiera reciente, al acordarse que los contratos serían pagados por el Banco Central al valor del dollar linked (cerca de los 15 pesos), dejándole a la entidad monetaria una pérdida equivalente a 70.000 millones de pesos, pero permitiendo que los nuevos funcionarios obtuviesen de las arcas estatales exorbitantes ganancias, gracias a la devaluación que impulsarían apenas días después.

Tal como lo reveló oportunamente el periodista Ivan Schargrodsky, la firma Chery-SOCMA —de la familia Macri—, que había operado unos $9 millones de dólares, logró hacerse de más de 34 millones de pesos en concepto de intereses en cuestión de meses. Pero el Presidente y su familia no fueron los únicos beneficiados, ya que Quintana y Caputo tuvieron el gusto de fijar la suma de dinero que sus firmas cobrarían: Pegasus y Axis, fondos de su propiedad, operaron en contratos futuros U$D 1.480.000 y U$D 4.300.000, con los que obtuvieron una alucinante utilidad de 38,4 y 698 millones de pesos respectivamente.

En su balance anual ante la Comisión Nacional de Valores, el fondo que administró Caputo hasta días antes de asumir admitió haber conseguido esa ganancia, al tiempo que detalló haber incrementado su patrimonio en un 584 por ciento durante 2015.

Pero el listado de funcionarios favorecidos no terminaría allí: el ex CEO de la empresa LAN y hoy secretario de Coordinación de Políticas Públicas, Gustavo Sebastián Lopetegui, operó 310 contratos (unos U$D 310.000), el jefe de asesores del Presidente, José María Torello, se anotó con otros U¢D 800.000 y el hoy ministro de Hacienda Nicolás Dujovne participó con la compra de unos 1.000 contratos comprados a $10,59 y vendidos en un número cercano a los $15, ganando casi 9 millones en pocos meses.

Quienes completaron la nómina de favorecidos fueron familiares del gabinete: la esposa del propio Caputo, Ximena Ruiz Hanglin, compró unos 7.000 contratos, la del ministro de Producción Francisco Cabrera unos 1.500 y el primo de Marcos Peña, unos 700.

En total, las ganancias obtenidas por los funcionarios y sus empresas vinculadas alcanzan los $ 821.456.700. Nada mal para haberlas generado en un puñado de días.

Tarifazo energético
Otro de los grandes negocios de la era Macri se generó en torno a las empresas energéticas y gasíferas, que revirtieron su situación deficitaria para comenzar a obtener ganancias incluso en los balances de 2016 y 2017. Es que la transferencia de recursos de los sectores sociales hacia las compañías, que en algunos casos superó el 1500% de aumento, les permitió lograr una remontada que podría calificarse como histórica de no haber recibido una gran ayuda por parte del Estado, que avaló los tarifazos en beneficio de amigos del poder e incluso de funcionarios públicos que se enriquecieron a costa del empobrecimiento de gran parte de la sociedad.

El ministro de Finanzas Luis Caputo obtuvo dividendos a través de la compra de acciones de las firmas beneficiadas con el tarifazo, aunque en forma encubierta, al haber colocado $ 4.057.000 en un fondo común de inversión de renta variable de su firma, Axis, en diciembre de 2015, es decir, cuando recién llegaba al poder. La cartera tiene la mayor parte de sus posiciones en acciones de Edesur, Pampa Energía, TRANSENER y Central Puerto, las principales empresas que sacaron redito con el incremento tarifario. Según detalla el prospecto del propio Axis, el fondo de inversión en el que Caputo colocó cuatro millones obtuvo un rendimiento del 88% durante el último año.

Además, al cierre de 2015 Caputo mantenía acciones de Edenor bajo su titularidad por casi dos millones de pesos. El valor accionario de la compañía registró un incremento del 66,26% en 2016, es decir, apenas después que se concretaran los aumentos.

Quita de retenciones a la minería y al campo
Apenas un mes y medio después de haber asumido, la gestión M concedió otra de las medidas que sacudiría positivamente el patrimonio de varios integrantes de su propio gabinete y de su entorno familiar: la quita de retenciones al campo y al sector minero, que representa una pérdida para el Estado de $ 70.000 millones al año.

El Presidente anunció la eliminación de las retenciones para la exportación de carne, de cereales como trigo, cebada, maíz y girasol y de otros cultivos regionales, como la yerba mate, el algodón y la caña de azúcar, que pasaron a estar exentos de impuestos, mientras que, para la soja, bajó 5 puntos porcentuales en 2016, para, a partir de 2018, anunciar la reducción de 0,5% mensuales hasta alcanzar los 18% de retención en 2019, lo que significará la pérdida de 1.000 millones de dólares anuales.

Con la medida, Macri benefició en forma directa a… Mauricio Macri, ya que, según su última declaración jurada, el máximo mandatario mantiene $ 1.402.008,00 en la firma Agropecuaria del Guayquiraró S.A, que se dedica a la cría de ganado bovino y al engorde en corrales, y otros $ 3.249.959 en 4 Leguas S.A, compañía que además de dedicarse a la cría del ganado, cultiva soja. Los resultados de estas inversiones realizadas no pueden saberse en detalle dado que las colocó en el fideicomiso ciego donde mantiene unos 27 millones de su patrimonio, del que nunca se supo nada más.

Con la quita de retenciones al sector minero, el Gobierno logró que aumentara significativamente la llegada de empresas al norte del país para extraer litio, material en creciente mundial, dado que se utiliza en la fabricación de los teléfonos celulares y los autos eléctricos, donde la familia Macri mantiene un especial interés.

Una vez concretada la transferencia de recursos en favor de las empresas del sector minero, que ya explotan el litio en Jujuy, Catamarca y San Juan, Mauricio Macri viajó a China para sellar con el titular de la firma Chery Automobile un acuerdo en el que se comprometían a aumentar las ventas en Argentina en un 20%, lo que favoreció, casi por arte de magia, a la firma SOCMA, socios exclusivos de la firma china en el país, a quien además, y como frutilla del postre, se le facilitó todavía más el negocio: desde el 15 de mayo y gracias al decreto 331/17 firmado por Mauricio Macri, la importación de este tipo de vehículos fue eliminada en algunos casos y reducida en otros con el fin de “promocionar y alentar el uso de energías alternativas”.

Y si de beneficios al campo se trata, quien no podía quedar excluido de la cuestión es el flamante ministro de Agroindustria, quien llegó al poder eyectado en forma directa desde la Sociedad Rural: Luis Miguel Etchevehere, dueño de las sociedades Etchevehere Rural SRL y Las Margaritas S.A, que se dedican a la cría del ganado bovino y al cultivo de cereales. En particular la última fue denunciada por Dolores Etchevehere, hermana del ministro, quien acusa de haber cometido los delitos de administración fraudulenta, estafa y defraudación al Estado por el otorgamiento de un dudoso crédito del Banco Nación.

Liberación de cupos de exportación carne
Una de las primeras medidas adoptadas por el gobierno de Macri fue la liberación de los cupos de exportación de carne, permitiendo que todos los cortes producidos a nivel local puedan ir al exterior sin necesidad de mantener porcentaje alguno para el consumo interno, lo que impactó significativamente en el precio de los cortes en el país, dado que la competencia dejó de ser la carnicería del barrio para pasar a las góndolas de los países del Primer Mundo.

De esta forma, la familia Peña Braun festejó por partida doble: no solo se vio beneficiada por la exportación y el aumento en el valor de los cortes a nivel interno, sino que también pudo lograr un incremento en el de la cuota Hilton, que establece el cupo de exportación de carne premium a los países de la Unión Europea.

En agosto pasado, el Ministerio de Agroindustria oficializó la distribución de 25.444 toneladas de carne vacuna para ser vendidas al exterior para el período 2017-18, lo que representó un 13 por ciento menos que lo asignado para el año anterior, cuando se repartieron 29.195 toneladas. Pese a eso, la compañía Importadora y Exportadora de la Patagonia, del grupo La Anónima, se alzó con 2313 toneladas, 113 más que el año anterior, cuando también había recibido un incremento del 17%, exportando 2200 toneladas.

A precios actuales, se calcula que la tonelada de la Cuota Hilton vale entre 12.000 y 13.000 dólares, por lo que el negocio de la familia Peña-Braun se disparó a los 30 millones de dólares anuales.

Blanqueo de Capitales
Pero el Presidente no solo permitió a su familia acceder a nuevos negocios, sino que también le dio la posibilidad de saldar cuentas pasadas. Gracias al blanqueo de capitales, aprobado por el Congreso a mediados de 2016, y emparchado posteriormente por el Ejecutivo mediante el decreto 1.206/16 que le abrió la puerta a los familiares que habían quedado excluidos, Gianfranco Macri —hermano del mandatario— logró ingresar al país unos 35,5 millones de dólares, tal como reveló el director de El Cohete A La Luna, Horacio Verbitsky, en el diario Página 12 el 27 de agosto pasado.

Además, el “hermano de la vida” presidencial y ex socio del mandatario, Nicolás Caputo, recordó que tenía para repatriar unos 26,5 millones de dólares, mientras que el empresario Marcelo Mindlin, dueño de Pampa Energía y posible futuro accionista de la casi privatizada TRANSENER, trajo unos 44 millones de dólares, cifra similar a la que utilizó para comprar la constructora del primo del Presidente, Ángelo Calcaterra.

Por su parte, Alejandro Jaime Peña Braun, primo del jefe de Gabinete Marcos Peña, aprovechó la blanqueada para ingresar 6,2 millones de dólares, mientras que Manuel Lucio Torino Ortíz, el cuñado del secretario de Legal y Técnica Pablo Clusellas Zorraquín, hizo su parte con 20,1 millones de dólares.

Cuando se le consultó al Presidente por la irregularidad que representaba que funcionarios del gobierno hayan podido blanquear gracias a una ley creada a su medida, respondió: “Que mi hermano haya podido blanquear es un derecho que tenía por ley”.

En total, gracias al proyecto oficial, los mencionados lograron blanquear $ 2.319 millones de pesos.

Juan Amorín.

Escrache a Macri en Humahuaca (Jujuy)

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Macri visitó hoy (02.02.2018) la provincia de Jujuy, donde lo recibió su aliado, el gobernador Gerardo Morales. Ambos viajaron desde la capital jujeña en helicóptero a la localidad de Volcán, que fue arrasada el 10 de enero del año pasado por un alud de agua y barro.

Luego se trasladó hasta Humahuaca, donde minutos después del mediodía y en ocasión de desarrollarse las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Candelaria depositó ofrendas florales al pie de su imagen en la iglesia de la ciudad, templo que se encontraba celebrando además sus 50 años. Allí recibió una no muy cálida bienvenida de los humahuaqueños, que silbaron el paso de la caravana presidencial.

“Que se vaya”, le gritaron al mandatario las cientos de personas agolpadas detrás de las vallas de seguridad.

La injerencia de Estados Unidos en la Argentina de Macri (Macrilandia).

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El sábado (03.02.2018) llega a la Argentina el Secretario de Estado de USA

El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció la visita del Secretario Rex Tillerson a países de America Latina. Según el Comunicado de Prensa, el jefe de la diplomacia estadounidense “se comprometerá con sus ‘socios regionales’ para promover un hemisferio seguro, próspero, democrático y con seguridad energética”.

Su gira comenzará en Austin, Texas, en cuya Universidad el Secretario Tillerson explicará los lineamientos y prioridades de los Estados Unidos para el hemisferio occidental. Seguirá por Mexico donde se reunirá con el presidente Peña Nieto para discutir una serie de asuntos bilaterales, regionales y globales. El sábado 3 de febrero viajará a Bariloche donde “tratará una serie de cuestiones y prácticas de conservación” en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Después viajará a Buenos Aires a encontrarse con el presidente Macri y el Canciller Faurie para tratar “nuestra común agenda bilateral para el desarrollo y la cooperación en seguridad”. En Lima entre los días 5 y 6 se reunirá con el Presidente Kuczynski para tratar su alianza bilateral y regional y la preparación de la próxima Cumbre de las Americas.

Viajará a Bogotá el día 6 donde se reunirá con el presidente Santos para discutir asuntos de importancia, tales como el apoyo de EEUU a los esfuerzos de Colombia para evitar el resurgimiento de plantaciones de coca para la producción de cocaína, cuestiones económicas y de refugiados. Terminará su viaje en Jamaica, reuniéndose con el primer ministro Holness para tratar reformas en materia económica.

El comunicado oficial destaca, además, que “durante su viaje el Secretario Tillerson abogará para aumentar la atención regional a la crisis en Venezuela”. En algunos medios locales se traduce “aumentar la presión”.
Es decir, se trata de un road show de la máxima autoridad de la diplomacia estadounidense para erosionar al gobierno de Nicolas Maduro.

El itinerario, que comienza en Texas y llega a la Patagonia, dibuja con preciosismo geográfico el concepto de “América para los Americanos”, aunque quienes rechazamos las hegemonías preferimos ver una frontera trazada al sur del Rio Grande.

¿Cómo puede explicarse esta indisimulada —desfachatada— injerencia de los Estados Unidos en asuntos internos de nuestra región? ¿Qué experto en materia medioambiental podría aconsejar que baje a darnos lecciones de conservacionismo en nuestros Parques Nacionales el representante del gobierno que se ha negado a firmar los Acuerdos de Tokio y de Paris? ¿Quién puede considerar deseable tener como aliado principal en materia de Defensa y Seguridad al Gobierno de los Estados Unidos que ha intervenido sistemáticamente en Latinomerica para apoyar golpes militares y civiles contra gobiernos democráticos?

Bastaría con recordar las lecciones que la Escuela de las Américas impartía a los militares genocidas del Plan Cóndor, la ayuda que el gobierno de Estados Unidos prestó a Margaret Thatcher en el conflicto armado de Malvinas, el espionaje global al que nos someten actualmente los organismos de inteligencia, para ser reticentes. Los adalides de la democracia y los derechos humanos acaban de informar que mantendrán abierto su campo de concentración en America Latina, el ominoso Guantánamo, donde la mayoría de detenidos son sujetos a torturas, sin juicio ni cargos.

Para explicarnos estas cuestiones debemos remontarnos al siglo XIX, cuando EE.UU. concibió su teoría del “Destino Manifiesto”, la creencia de una “misión para promover y defender la democracia” a lo largo y ancho del mundo.

Esta misión —que habría sido asignada por la Providencia— incluye la tarea de extender sus valores e instituciones, y combatir a todos aquellos que se contraponen.

Los predicadores de las virtudes del american way of life han justificado las más diversas cruzadas, invasiones e intervenciones militares y sirven principalmente al complejo industrial-militar, los vendedores y traficantes de armas que se han visto beneficiados junto con la próspera industria de la reconstrucción. Todo Medio Oriente está siendo devastado por las intervenciones militares de los Estados Unidos de America. Cientos de miles de civiles han perdido la vida y las condiciones de esos países —Iraq, Afganistán, Libia, Siria, Yemen— han empeorado drásticamente. Los países miembros de la OTAN, aliados europeos en sus aventuras guerreras, exponen diariamente a sus ciudadanos a las sangrientas venganzas del terrorismo, que pueden explotar en cualquier momento en un subte o en una discoteca.

Y ahora vuelven a mirar al patrio trasero. La doctrina Monroe de “America para los americanos” se completó con el “corolario” del presidente Roosevelt, quien postulaba que “los desórdenes internos de las repúblicas latinoamericanas constituían un problema para el funcionamiento de las compañías comerciales estadounidenses establecidas en dichos países; en consecuencia, los Estados Unidos debían atribuirse la potestad de establecer el orden en los asuntos internos presionando a los caudillos locales con las ventajas de contar con el apoyo político y económico de Washington; y finalmente recurrir a la intervención armada —el gran garrote— de no obtener resultados favorables”. Esta expresión del presidente Roosevelt fue tomada de un proverbio africano “Habla suavemente y lleva un gran garrote, así llegarás lejos” (Speak softly and carry a big stick, you will go far.)

Y así llegará Rex Tillerson a la Argentina, trayendo limones para Macri y el garrote para Maduro. En pleno siglo XXI.

No es la primera vez que Tillerson viene a la Argentina. En 2016 visitó como CEO de Exxon al presidente Macri y entonces dialogaron con el ministro Aranguren de igual a igual, de Exxon a Shell.

Pero ahora llega por la revancha política. Es en esta tierra donde, hace poco mas de una década, bajo el gobierno de Nestor Kirchner, Estados Unidos sufrió la más grande derrota estratégica después de Vietnam: el rechazo al ALCA propinado por pueblos y gobiernos que repudiamos la gobernancia política y económica de los Estados Unidos, mientras estaba en construcción un poderoso bloque regional (CELAC) conformado por los 33 países de America Latina y el Caribe capaces de lograr, con unidad y determinación, la tan ansiada soberanía política e independencia económica.

La República Bolivariana de Venezuela encabezó esa gesta con Chavez y dispuso todos los esfuerzos necesarios a nivel económico, político, geopolítico. Las novedades que presentó Venezuela al continente en la búsqueda del socialismo del siglo XXI, el rechazo al sistema capitalista, una nueva institucionalidad participativa y protagónica, una revolución en democracia, pusieron a Caracas en la mira de Washington. Chavez sufrió un golpe de estado en 2002, apoyado por los Estados Unidos. Es interesante ver uno de los documentos filtrados por Edward Snowden que revela la Lista de Objetivos y Prioridades Estratégicas 2007 de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos (NSA). Esa lista marca a seis países como “objetivos permanentes” y destaca las respectivas Misiones: China, Corea del Norte, Irak, Iran, Rusia y Venezuela. Se puede leer en el punto F-” Mission: Venezuela- Establecer responsables políticos para impedir que Venezuela alcance un liderazgo regional y aplique políticas que afecten negativamente los objetivos globales de US. Evitar que crezca la influencia y liderazgo de Venezuela en áreas política, ideológica, energética.” (*)

Después de la trágica y temprana muerte de Chavez, volvió con más fuerza la andanada golpista a través de diferentes acciones desestabilizadoras que, desde entonces hasta ahora, no han cesado. Estados Unidos llegó a declarar a Venezuela, durante el gobierno de Obama, como “una amenaza inusual y extraordinaria”. Donald Trump fue aun más lejos y en agosto pasado expresó que “no descartaba una intervención militar”. Mientras tanto, apoyaron a la oposición en sus intentos de golpe y financiaron a través de distintas ONGs una formidable campaña mediática mundial contra Venezuela. La violencia desatada por la oposición —que incluyó el linchamiento y asesinato de ciudadanos quemados vivos “por ser chavistas”— era presentada por los medios masivos como desmanes del gobierno. Maduro logró controlar la violencia redoblando la participación popular a través de un nuevo proceso de Asamblea Constituyente; la oposición, en cambio, dividida en facciones, se desprestigió con las acciones de violencia callejera que se hicieron insoportables para todos.

Actualmente Venezuela sufre un bloqueo económico que produce un grave desabastecimiento de alimentos y medicamentos. La inflación desatada por la especulación es galopante. Sin embargo, las ilusiones de Washington de sofocar a Maduro para que perdiera apoyo no se concretaron. Podrá opinarse que el gobierno de Venezuela debería atender mejor su crisis económica tomando medidas urgentes como suspender el subsidio al combustible, promover y ordenar un aparato productivo que sustituya las importaciones; pero no podrá decirse que no tiene apoyo popular y goza, a pesar de las privaciones, de la confianza de su pueblo. El Partido Socialista Unido (PSUV) triunfó ampliamente en las recientes elecciones de Gobernadores y Alcaldes en las que participó la oposición obteniendo pocos puestos. El diálogo con la oposición continua avanzando. La Asamblea Constituyente, dentro de sus atribuciones, ha convocado a elecciones presidenciales para el término del mandato constitucional de Maduro. Es previsible que triunfe en este comicio, en el que podría competir con quienes designen los partidos de la oposición, entre otros, Henry Ramos Allup, líder de Acción Democrática (AD) ex presidente de la Asamblea Nacional, el candidato más estable de la oposición.

En este contexto, quienes durante dos años clamaron por elecciones anticipadas no están dispuestas a reconocerlas ahora. Así lo ha hecho saber el presidente Trump. A diferencia de las épocas en que en esta parte del mundo no éramos permeables a las presiones de Bush, Trump cuenta ahora con “socios regionales”, a quienes viene a insuflar Tillerson de pasión destituyente contra un mandatario de nuestra región.

Cuenta con el llamado Grupo de Lima, que —como voceros de Washington— ha repetido que no reconocerá el resultado de las elecciones en Venezuela, sin dar ninguna razón valedera. Este grupo está integrado, entre otros, por Michel Temer que gobierna Brasil sin haber sido electo, después de haber destituido a Dilma Rousseff votada por 54 millones de brasileños; Horacio Cartes, un empresario y dirigente deportivo paraguayo que llegó al poder merced al golpe “blando” que sufrió Fernando Lugo; Pedro Pablo Kuczynski, quien evitó su destitución como presidente del Peru “por incapacidad moral permanente” negociando la impunidad de Fujimori; los presidentes Peña Nieto y Santos, quienes por atender la cuestión venezolana parecen no advertir la corrupción, el crecimiento de los brutales carteles del narcotráfico, el paramilitarismo y la violencia criminal que se cierne sobre Mexico y Colombia; Juan Orlando Hernandez, quien se acaba de reelegir como presidente de Honduras mediante un fraude electoral —que denunciaron todos los observadores, hasta los de la OEA— y asumió su cargo en medio de enormes protestas y represión con muertos. Recordemos que Estados Unidos ya había participado anteriormente del golpe que destituyó a Manuel Zelaya.

Algunos de estos mandatarios tienen entre el 2 y el 10% de aprobación popular; todos están imponiendo un ajuste salvaje, la privatización de las empresas publicas, los Acuerdos de Libre Comercio con Estados Unidos y la extranjerización de sus recursos naturales. Ninguno de ellos cuenta con la popularidad que tiene Nicolas Maduro entre su pueblo. Es notable que en Venezuela no protestan los más pobres, sino las clases dominantes que no quieren perder sus privilegios.

Tambien integra el “Cartel de Lima” Mauricio Macri, quien, como sabemos, no se caracteriza por el respeto a la democracia, a los derechos humanos, a la libertad de prensa, ni a la vida humana. Aspira, sin embargo, a ser el alfil de Washington en esta tierras en que, según él, “somos todos descendientes de europeos”, representando el triste signo de la época en nuestra región: el neocolonialismo. La subordinación que presagiaba aquella confesión al “querido rey de España” de la angustia que le reportaría sentirse parte de un país libre, independiente y soberano.

(*) Strategic Mission List NSA- Enduring Targets
link: is.gd/nsaven2

Alicia Castro, Diputada Nacional (1997-2005), Embajadora en la República Bolivariana de Venezuela y ante el Reino Unido. Publicado en El cohete a la luna.
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